La pretensión de muchos comerciantes que se benefician del rol de intermediarios -desde quienes tutelan casas importadoras, hasta propietarios de mediano expendio, cadenas de tiendas, supermercado y otros-, de burlar la Ley de Precios Justos viene siendo desvelada con la sostenida actividad gubernamental en contra de las prácticas de contrabando.
Esta capa social sin vocación para industrializar el país -ni cuando el general Juan Vicente Gómez abrió el territorio a cuanto aventurero del capital petrolero y la especulación bancaria, como Henry Deterding, el Napoleón del Petróleo, o Paul Marie Bolo (Boló Pachá) se interesaron en establecerse acá, este sector parasitario -remarcamos conocido como burguesía venezolana, con el perdón de los verdaderos burgueses y capitanes de empresa- no conoció otro modo de amasar fortunas que la actividad terciaria de servicio; o a lo sumo, la empresa de ensamblaje de bienes en su fase final, en todo caso bajo tutela del capital transnacional.
Así, frente a quienes ejercen su terrible dictadura de cartelización en la distribución de alimentos y bienes de consumo masivo, se convierte en el primer deber de un Gobierno honesto la protección del pueblo humilde y trabajador, campesinos y clase media que en nuestras ciudades vive de una labor remunerada bajo horario semanal.
Y tal lineamiento recientemente ha sido reiterado al país por el Presidente de la República con motivo de las “Cinco Grandes Revoluciones” que orientan la gestión del Ejecutivo en este tiempo. Y proteger al pueblo, en el contexto de desestabilización económica impulsado por factores privados y opositores con posición de dominio respecto al consumidor de a pie, no resulta fácil.
El Gobierno aplica las medidas que permite el ordenamiento jurídico y el modelo rentista de nuestra economía. Y continuamente expresa disposición para actualizar precios de acuerdo a la dinámica de costos.
Sin embargo, en su afán frustrado de dar término al tiempo histórico de construcción del Estado Social y Justicia, tiempo de la Revolución Bolivariana, dicha casta parasitaria de la importación busca mantener la población en un estado de malestar permanente, induciendo un tipo de inflación a partir de su hegemonía en la función de intermediación que, al amparo de la IV República edificaron por más de 40 años grupos económicos tradicionales.
Dese apoyo, pues, al Gobierno Bolivariano en los esfuerzos por detener este asalto a los bolsillos.