¡Qué difícil es escribir esta columna, con un dolor tan grande que solo es comparable a la impotencia de ver pasar frente a nosotros a la muerte, en especial cuando llega por defender indeclinablemente un ideal de vida!
Los fríos y viles asesinatos de Robert Serra y su compañera María Herrera no solo parecen responder a un móvil político sino que se parecen demasiado a patrones de violencia política (¿o parapolítica?) devenidos “comunes” en otras latitudes. En Venezuela las diferencias políticas las confrontamos con debate y voto, no con muerte.
Los asesinos de Serra no mataron solo a un Diputado revolucionario y a su compañera: atentaron contra el futuro, contra alguien que a fuerza de trabajo comunitario ganó el afecto del Pueblo, contra un “dolor de cabeza” para quienes pretenden socavar las bases de la Revolución.
Matan a una bandera del chavismo joven e insurgente, a quien desde aquel derecho de palabra en 2007 por el fin de la concesión de RCTV se mostró como una pieza emblemática del chavismo por venir.
Muertes que tiene una muy clara intencionalidad política.
Hace ya demasiado tiempo las autoridades nacionales denuncian la existencia de un plan conspirativo dirigido a generar violencia extrema, contemplando desde acciones de calle hasta asesinatos selectivos.
Fue advertido mil veces, lo convirtieron en guarimbas que cuando fueron superadas el propio ministro Miguel Rodríguez Torres advirtió que mutarían hacia “asesinatos selectivos”; se mostraron los correos cruzados entre Gustavo Tovar Arroyo, Pedro Burelli y Eligio Cedeño en el contexto de la “Fiesta Mexicana”, se mostraron parte de los videos de Lorent Gómez Saleh y compañía y aún así continuamos actuando como si las denuncias no fueran lo suficientemente serias y graves; tal vez por nuestras convicciones de confiar a toda costa en la humanidad, creyendo que al final privaría el buen juicio.
Hoy la crudeza de los hechos desnuda que no basta ni la fe ni la intención para alcanzar la paz. Lo decía nuestro Alí: ¡no basta rezar!
La justicia para que sea tal debe ser radical y llegar a cada responsable. El peor escenario tras la siembra de Serra y Herrera sería que no se castigue de forma ejemplarizante a los autores materiales y fundamentalmente a los autores intelectuales de esa atrocidad.
Conclusiones judiciales distintas abrirían una brecha en la que alguien pudiera preguntarse: “¿y el próximo quién será?”. Si eso pasa, perdemos todos.