Por los contactos con personas adultas mayores, tenemos la impresión empírica de que cada día crece la proporción de personas que superan la edad estadística de la esperanza de vida.
En las asambleas de pensionados encontramos personas mayores de 80 y hasta de 96 años en aceptables condiciones de salud y lucidez mental. Cuando se les pregunta el “secreto” de su longevidad, la mayoría contesta que vivieron la infancia en pueblos, con alimentos naturales y rodeados de amplia vegetación.
No sabemos si quienes hayan vivido parte de su vida en las ciudades pueden durar el mismo tiempo, pero seguramente el ciclo de vida será distinto dado el tipo de alimentación, el ritmo de las urbes y la contaminación ambiental característica de los lugares con alta densidad de población.
Estas reflexiones vienen a cuento porque aún encontramos en las calles a personas adultas mayores en estado de mendicidad y por la impotencia de no conocer cuál o cuáles organismos del Estado puede dedicarse a analizar y ofrecer soluciones a esos casos.
Igual ocurre cuando una persona nos consulta qué puede hacer para conseguir un cupo para un familiar en alguna institución del Estado. Al final, no hay respuesta porque los hogares de cuidado temporal o de larga estancia son muy pocos e insuficientes para ofrecerles amparo a esas personas.
En principio, por norma legal, esa tarea le corresponde al Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inass), pero cada día sus competencias son más limitadas. Sus atribuciones han sido transferidas a la Misión Negra Hipólita, al IVSS y otros organismos públicos.
El Gobierno debería unificar criterios y elaborar un programa de atención al adulto mayor, para garantizarles la protección de la seguridad social.