En entregas anteriores demostramos que la telenovela se convirtió en el producto de exportación no petrolero más importante: “…solamente en 1992, los ingresos por derechos de transmisión de las telenovelas venezolanas alcanzaron una cifra entre los 40 y 50 millones de dólares, que equipara a la industria televisiva con las exportaciones mejor consideradas…” (IESA, Venezuela: El reto de la competitividad, citada por Tremonti, Comunicación, 1995)
No hay duda de la enorme ganancia que han obtenido RCTV y Venevisión con las telenovelas que han producido, pero, ¿cuánto de este beneficio han visto las creadoras, los creadores, de estos éxitos televisivos, incluso internacionales?
El Correo del Orinoco nos dio la lamentable respuesta: Con la abogada civil María Alejandra Salazar, el abogado penalista Héctor Sulbarán, y la representación de Miguel Manogia, autoras y autores de telenovelas interpusieron demandas contra RCTV (hoy productora audiovisual) y Venevisión, presuntos creadores, en los últimos 30 años, de “una telaraña” para vender telenovelas de creadoras y creadores venezolanos, sin pagarles sus derechos.
La lista de agraviados incluyen a Valentina Párraga (quien fuera “ancla” del programa Aló Ciudadano, Globovisión, 2004-2013), Perla Farías (quien logró dictamen del TSJ para sacar del aire en Televen su novela Virgen de la calle), Pilar Romero (quien presenta discapacidad visual y movilidad reducida, y a quien RCTV debe regalías), e incluso familiares de Salvador Garmendia.
Nos alegra el anuncio de la directora ejecutiva Adriana Cisneros, desmintiendo una supuesta venta de Venevisión, anunciada este fin de semana por la rumorología de la guerra económica.
Que la presencia de esta empresa, que ha ganado buen dinero con la creación, sirva como solución de este problema, e inicio de una nueva relación laboral en la TV de Venezuela.