En verdad que la capacidad de las agencias estadounidense de inteligencia y think tank –que tutelan la actividad injerencista y la de desestabilización de los procónsules criollos en América Latina y el Caribe– cada día da nuevas muestras de que en el mundo actual no hace falta que ningún imperio se proclame partidario del fascismo o el nazismo, no.
Solo se requiere cultivar y afinar en cada nueva circunstancia de la región periférica cuya vocación de soberanía o gobierno se quiere doblegar -o cuyo Gobierno se busca deponer, para establecer regímenes dóciles al dictámen imperial- la sincronización de campañas informativas globales y locales, con estrategias de movilización de pequeños o medianos grupos extremistas de calle que actúen con violencia e intimiden, como los camisas pardas de Adolfo Hitler, eso sí, que no enarbolen consignas de totalitarismo, sino que se escuche mucho en sus concentraciones, palabras como “democracia” y también “libertad”.
Ciertamente, si no fuese desolador para los pueblos, como lo ha sido hasta hoy la deposición de gobernantes como Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay, mediante argucias leguleyas, pudiera decirse que el “arte” del golpe de Estado alcanzó en la última década un refinamiento que ya Nicolás Maquiavelo hubiese querido conocer antes de cerrar su inmortal obra El Príncipe, para agregar nuevos capítulos a la ciencia de quitar y poner gobernantes.
Hoy la derecha de Brasil, coaligada en todas sus fracciones, pretende destituir de modo paladino a Dilma Rousseff, con la confesa intención de establecer un régimen ajeno al voto y la vía democrática de las elecciones. Siendo, frente al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva y Dilma, incapaces de ganar la mayoría en mesas de votación, se le forja a la Presidenta un expediente sin mayor discusión ni opciones de esclarecimiento, para destituirla, aprovechándose de resquicios e imprecisiones que seguramente conserva la Constitución de este gran país vecino, la patria de José Inácio de Abreu e Lima.
Luego pretenderán hacerlo en Venezuela, empero aquí nuestro Supremo Texto impone la condición de que para desplazar al Presidente de la República debe coincidir el deseo de la Asamblea Nacional (AN), con el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), punto este donde las cuentas no le cuadra a la oposición apátrida. ¿Golpe Jurídico? ¡Aquí no podrán!