El papel está cada vez más caro y escaso por razones muy comprensibles, ya que, en general, se produce con base en la pulpa de la madera, por lo cual hay razones ecológicamente válidas que justifican las anotadas circunstancias. El hecho sin embargo es que entre nosotros el papel se usa cada vez más porque él es el destinatario de todos los hechos, tanto los relevantes como los no relevantes.
Entre los relevantes están los documentos (contratos, testamentos) y las leyes. Entre los no relevantes están las cartas que ya nadie envía, pero que eran el alimento espiritual de las sólidas relaciones sentimentales y la forma de envío de los avisos de cobro que, hoy en día, se realizan todos por internet.
El hecho es que el papel recoge los nuevos registros; las nuevas inscripciones; las nuevas autorizaciones; las nuevas asociaciones; las nuevas solicitudes de permiso con todos los procedimientos que, cada una de la materialización de esas novedades implica, así como las que dejaron de ser nuevas, pero que se exigen impretermitiblemente.
Hay que preguntarse ante la avalancha de nuevas exigencias burocráticas ¿a dónde quedó la Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos?¿Qué ha sido del intento de simplificar orgánica y funcionalmente a las administraciones públicas?
Esta contradicción está en el hecho de que, si bien se persiguen los objetivos que antes hemos enunciado, hay una tendencia enfermiza en el plano de la legislación, o en el ejercicio de la potestad reglamentaria, de crear cada vez mayores controles sobre el administrado, individualmente considerado, o de sus empresas, o de las organizaciones y personas jurídicas que operan en la sociedad.
No se resiste la tentación de controlar, controlar, controlar, lo cual significa establecer reglas minuciosas con sanciones severas; con creación de complejos organismos; con la contratación y adiestramiento de un especifico personal, para dar satisfacción a esa forma reveladora de que existen entes públicos todo poderosos, cuya fuerza de actuación se revela en prohibir, autorizar, revocar, acordar, negar, sancionar.
Ante tanto desperdicio de papel -que es lo que el ejercicio de estas funciones crea- uno se rebela contra el sistema y piensa que hay que concebir a las administraciones públicas, exclusivamente, como entes prestadores de servicio, sobre todo, y no como lugares de vigilancia e investigación.
Pero la tendencia no es sino la de crear nuevos entes contralores que tienen el don de reproducirse como hongos y de crecer, crecer, crecer.
La tentación del gobernante, incluso de aquel que tiene una parcelita muy pequeña de poder, es la de hacerlo sentir. ¿Cómo? Estableciendo peajes en los cuales tengas que pagar derecho para pasar. Es así como la vida, esto es, las 24 horas de cada día, los siete días de cada semana, los 30 o 31 días de cada mes y los 365 días de cada año no bastan para realizar todos los trámites, cumplir todas las exigencias que el ejercicio de cada actividad exige.
Hay que crear rápidamente un nuevo organismo. A esta propuesta se responde alarmados ¡¿un nuevo organismo?! Si, a un nuevo organismo para racionalizar el establecimiento de trámites, permisos y procedimientos en las normas administrativas.
Esta entidad va a tener mucho trabajo que hacer, porque como lo hemos dicho la vocación burocrática de las administraciones públicas y del legisladores ha venido desarrollando virulentamente en estos últimos tiempos, creando todo tipo de alcabalas en el ejercicio de los derechos del ciudadano para colocar en ellas funcionarios, empleados, obreros, contratistas y, sobre todo, grandes resmas de papel para llenar formularios. Indudablemente se necesita para todo ello ¡demasiado papel!