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as estadísticas del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) informan que hasta los años 80 el 50% del total de delitos se cometió con armas de fuego. Pero hasta 2009 el porcentaje se incrementó a 78%. Tales cifras precipitan una ecuación sencilla: el delito en Venezuela es casi sinónimo de poseer una pistola o un revólver.
Edwin Rojas, director de Prevención del Delito del MIJ, ofrece otro dato que en sí mismo es una tesis del problema de la criminalidad en Venezuela: el 90% de los homicidios reportados actualmente son cometidos con un arma de fuego, y el 70% de ellos corresponden a enfrentamientos de bandas o individualidades por el control del microtráfico de drogas.
Este diagnóstico somero facilita una hipótesis: ¿Si se ejerce control estricto de la posesión de armamento se reduje el número de homicidios? El despeje ocurrirá pronto, pues es inminente que la Asamblea Nacional sancionará en segunda discusión la Ley Desarme, que remitirá a la Presidencia de la República para promulgación.
¿Qué objetivos tiene la Ley Desarme? Rojas expone que en 1998, al arribo de la Revolución Bolivariana al poder, el MIJ contabilizó 4.000 armerías en el país. Probablemente no había mayor cantidad de carnicerías ni supermercados, ni soñar con hospitales ni siquiera ambulatorios.
Once años después el número se redujo a 135 (dejaron de entregarse dólares para la importación, se proscribieron nuevas permisologías y revocaron otras, asegura el vocero del MIJ), las cuales, con la aprobación de la Ley, deberán cambiar de ramo pues la venta de armas de fuego y municiones será exclusividad de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), dependencia del Ministerio de la Defensa, que actuará en certera correspondencia con la Dirección de Armas y Explosivos de Venezuela (DAEX), que concederá, cuando aplique, las autorizaciones de porte. Ambas oficinas deberán crear los mecanismos para expandirse en número de oficinas.
¿QUIÉNES PODRÁN PORTAR UN ARMA?
Ningún civil en ningún caso, sólo los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada Nacional, notifica Rojas, Pero, aunque suene contradictorio, habrá varios tipos de licencia, a diferencia de la Ley de Armas y Municiones actual, que data de 1939 (71 años sin legislar al respecto).
Edwin Rojas especifica que se otorgará excepcionalmente el porte domiciliario, esto es que la persona podrá tener una pistola o un revólver para resguardarse en su residencia, pero si lo saca a la calle estará incurriendo en delito de porte ilícito, que contempla penas pecuniarias y seis años de prisión, aunque si la falta ocurre por primera vez se otorgarán beneficios procesales (todo lo contrario si hay reincidencia, pues la pena se eleva a ocho años).
La Ley Desarme pronto a aprobarse también penaliza el uso de facsímil de arma, modificación de seriales, modificación del cargador y alargamiento del cañón, entre otros aspectos. La exhibición imprudente de una pistola o revólver acarreará multa y revocatoria del permiso. La fabricación ilegal de armas y municiones estima una prisión de entre 12 y 16 años.
En cualquier caso, todos los portes excepcionales a civiles serán para pistola nueve milímetros y revólver 38.
La Ley Desarme regula y permite el uso de armas deportivas, uso agropecuario, domiciliaria, para empresas de vigilancia.
A REVISIÓN 1.300.000 PORTES
A la fecha, hay un registro de 1.300.000 portes lícitos (esta competencia pasó del MIJ al DAEX), que una vez en vigencia la nueva ley tendrán que ser necesariamente renovados, en un plazo temporal de 180 días, durante el cual se realizará un censo nacional de actualización y registros de armas.
Al entrar en rigor la ley, quienes tengan un arma ilícita podrán devolverla con la garantía de que serán eximidos de responsabilidad penal, puntualiza Rojas, quien aclara que tal iniciativa no comportará indemnización, pues se van a considerar armas de guerras.
Esta propuesta será una puerta de evacuación para quienes, teniendo un arma ilegal, se sienten prisioneros de ellas, sin saber qué hacer para deshacerse. El procedimiento será totalmente discreto para generar confianza en las personas que deseen hacer la devolución. Se tiene en cuenta, sobre todo, a las personas que entre 2001 y 2002 (durante el golpe y posterior saboteo petrolero) compraron pistolas y revólveres manipuladas mediáticamente con el ardid de que sus residencias serían asaltadas por militantes revolucionarios. Rojas cita que en ese entonces algunas armerías vendían hasta 500 armas en una semana.
La entrega del arma exime el juicio, por prerrogativa de una mesa técnica interinstitucional (prevista en la propia ley) integrada por el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, el MIJ y la Dirección de Armas y Explosivos, que se limitará a realizar una verificación. Este procedimiento se ejecutará con estricto respeto del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y las leyes procedimentales, pero sin juicio.
Si una vez revisada la pistola o el revólver se determina que está incriminada en, por ejemplo, un homicidio, es a otro precio, pues se buscará la cadena causal para determinar responsabilidades penales.
BALAS CON CÉDULAS
En Venezuela las investigaciones científicas de un asesinato con arma de fuego se centran en el registro balístico, pero la Ley Desarme a aprobarse añade el registro balístico, manifiesta el director de Prevención del Delito, es decir, cada munición que se venda o entregue tendrá un código rotulado, de modo que con la obtención de la concha o de la propia munición el trabajo detectivesco recortará varias pasos, lo que a su vez supone el aligeramiento de resoluciones de casos y, finalmente, una fuerte incidencia en la reducción de la impunidad.
Al incorporar este sencillo elemento identificativo de cada bala, señala el director de Prevención del Delito, Venezuela estará dando un salto tecnológico sin precedentes en América Latina, donde ningún país ha experimentado de esta manera.
Tanto las armas como los proyectiles serán de fabricación venezolana. Las balas se expenderán por un tope justificado, y una nueva compra requerirá la justificación del uso anterior. Al comprarse un arma para uso doméstico, se hará una prueba de disparo que se guardará como registro (metafóricamente: la toma de huellas digitales en el nacimiento).
Esta identificación balística también contribuirá a reducir los abusos policiales, pues cada agente tendrá identificada todas sus municiones y deberá reportar las anomalías relativas al uso o robo, ya que no será recargado si no justifica el lote anterior.
ELABORADA EN CAYAPA
En 1939 el general Eleazar López Contreras, presidente de Venezuela, regularizó el porte de armas, y con ese instrumento se mantuvo el país hasta 2002, cuando la Revolución Bolivariana, mediante su bancada legislativa, aprobó una Ley Desarme a la que Edwin Rojas como insuficiente, producto de que para entonces las tensiones y saboteos políticos eran manifiestos, pues había muchos diputados que obstaculizaron la iniciativa, aparte de que el director del DARFA era Carlos Molina Tamayo, quien durante el golpe de Estado de abril 2002 reventó como jefe de la Casa Militar de Carmona Estanga.
En 2009 la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional reasumió la idea y, si bien en lo técnico y jurídico se trata de una reforma, la dimensión de la propuesta de ahora es de tal magnitud que se asume como una nueva ley (introduce 70 nuevos artículos), cuya elaboración transitó por 18 meses de permanente discusión entre expertos de la Asamblea Nacional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar, Ministerio de Interior y Justicia, Policía Nacional Bolivariana y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por lo menos.
El Centro Gumilla también tuvo participación activa en el levantamiento del instrumento: congregó en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) a 40 ONG vinculadas al tema. Las recomendaciones derivadas de esa reunión fueron incorporadas al proyecto de ley.
Entre enero y mayo de este año fue aprobada en primera discusión en el pleno de la Asamblea Nacional, que se apresta en las próximas horas a darle aprobación final.
Una formalizada, se estima un vacatio legis de 60 días (periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta que entra en vigor).
“LA TAREA DE SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS CORRESPONDE AL ESTADO”
-Parece obvio que esta Ley Desarme tiene que disminuir la cantidad de homicidios por armas de fuego, ¿eso está evaluado científicamente?
-Desde la década del 70 comienza a incrementarse el uso de armas para la comisión de delitos, ese no es un problema del 98 ni del 2010. Del total de homicidios del país la mayoría se realiza con armas de fuego no registradas y por ajuste de cuentas entre bandas, bien por el control de microtráfico de drogas o control del territorio-,dice Rojas-
“La tarea de seguridad de los ciudadanos corresponde al Estado”, remarca. Dice que quienes ejercieron el poder en el pasado dejaron permear la cultura norteamericana, producto del boom petrolero, “cuando era muy fácil ir y comprar armas. La segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que todo ciudadano tiene derecho a tener un arma. Hay supermercados de armas. Detrás está el gran negocio del armamentismo mundial, que junto al narcotráfico es uno de los negocios ilícitos más lucrativos. Hasta los 90 vender armas en Venezuela era como vender celulares ahora. Había una flexibilidad con una herramienta de alta letalidad”.
-¿Pero qué sucede con todo lo que había hasta el 98?
Pues todas esas armas están en la calle. Gran parte de los que tienen porte lícito muchas veces sirven para nutrir a la delincuencia: los delincuentes roban las armas a quienes tienen portes.
-Tener un arma no garantiza la seguridad de la persona, todo lo contrario. Los estudios que se han hecho por distintas universidades e instituciones públicas destacan que es un factor criminógeno el hecho de armarse para defensa propia.
-¿Y en los casos donde hay una larga cadena de compra y recompra de un arma?
-Es más complejo, estamos buscando una solución. Evidentemente eso amerita una investigación para saber si está incriminada en un homicidio, pero la persona que no tenga nada que ver con ello no va a pagar por el hecho simple de portar el arma. Ya eso implica una fase más profunda de investigación.
-No podemos acostumbrarnos a vivir con las armas como si fueran juguetes. Debemos recuperar la cultura de que para estar seguro no hay que estar armado, estar armado nos lleva a generar más violencia. No podemos acostumbrarnos a resolver conflictos sociales con armas de fuego