Las empresas de comunicación privadas hacen apología del delito, al defender a las inmobiliarias que han sido intervenidas por el Estado venezolano, por estafar a familias venezolanas al adquirir sus viviendas.
Así lo expresó este martes, el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Augusto Montiel, desde el conjunto residencial “San José del Ávila” ubicado en la avenida Baralt, en Caracas, durante su participación en el programa “Despertó Venezuela”, que se transmite por Venezolana de Televisión (VTV).
El Parlamentario criticó la defensa que estas empresas de comunicación privadas hacen a favor de las Cámaras de la Construcción y las Inmobiliarias, así como del Colegio de Ingenieros de Venezuela, organizaciones que han participado en la estafa contra miles de familias venezolanas.
Explicó que el trabajo realizado para enfrentar esta mafia tiene mucho tiempo, porque “la mayoría de las familias han luchado desde hace 3, 4, 5, y hasta 8 años, enfrentando directamente a los dueños de las constructoras”.
Por otra parte, comentó que ante las decisiones judiciales que están por anunciarse, los “pseudoempresarios de la construcción entendieron que este era un año crucial, para tratar de captar más dinero en el primer semestre y así invertirlo en otras actividades económicas».
Montiel expuso que una de las formas de presionar a los compradores de las viviendas, era a través de misivas redactadas por bufetes de abogados que son parte de la mafia inmobiliaria. En ese sentid, señaló que “comenzaron a distribuir cartas similares, redactadas por las mismas mentes de los bufetes que los defienden, que son parte de la mafia y que estructutura eso que se ha denominado cartel inmobiliario de la construcción”.
Precisó que a finales de junio, tras esa arremetida de las constructoras al intentar cobrar cuotas ilegales, las instituciones del Estado convocaron a los afectados para diseñar estrategias de trabajo, lo que derivó en la estructuración de la sala situacional que los agrupó en el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).
Acotó que estos empresarios inmobiliarios nunca han tenido en mente la construcción de las viviendas, sino la captación de capital para ponerlo a funcionar en otras actividades que no están relacionadas con la construcción. También añadió que las constructoras incumplen con todas las condiciones de la contratación y lo hacen de manera organizada en todo el país. “Ante tal grado de organización de esa mafia, teníamos que ponernos a nivel y organizarnos también”, aseveró.
Finalmente, apuntó que el Estado venezolano, con las medidas de intervención que dictó a los 33 urbanismos, garantiza la propiedad privada en beneficio de toda la sociedad. “Sepan los delincuentes constructores que todas las familias obtendrán sus apartamentos”, puntualizó.