Es claro que el mensaje al exterior de lo que ocurre en las guarimbas fascistas tiene una intensión mediática para colocar en la opinión pública internacional al Estado venezolano como “forajido”, lo que no se dice con frecuencia es que quienes avalan políticamente esos hechos violentos son los herederos políticos de 40 años de la más brutal represión política y policial.
En estos días de marzo conmemoramos los asesinatos de dirigentes políticos o humildes ciudadanos que fueron víctimas de las atrocidades represivas de los cuerpos policiales de entonces. Uno de ellos Jesús Alberto Márquez Finol y el otro Vicente Belisario Marín.
Márquez Finol fue ametrallado en la urbanización La Florida por una comisión del DIM el 1° de marzo de 1972. Hoy existe un proceso abierto de revisión de su expediente por parte del Tribunal Supremo de Justicia a solicitud de Fiscalía General en atención a la gestión de la Comisión por la Justicia y la Verdad y la Ley para Sancionar los Crímenes y otras Violaciones de DDHH por Razones Políticas entre 1958 y 1998.
El segundo, Vicente Belisario Marín, un campesino de Pariaguán, estado Anzoátegui, asesinado el 2 de marzo de 1972, caso apenas conocido y en proceso de investigación histórica, con serios indicios de ser un crimen de lesa humanidad. Todavía queda por reabrirse la investigación penal luego de los procedimientos que establece la Ley. Fue secuestrado supuestamente por un cuerpo de seguridad del Estado los primeros días de marzo y 15 días después fue hallado descuartizado en la vía hacia Zaraza, en el sector Barrialito, estado Guárico.
Son dos de los miles de casos que la Comisión por la Justicia y la Verdad tiene entre sus tareas y que dan cuenta de cómo actuaban los cuerpos de seguridad en el Puntofijismo. Nada que ver con la manera como ahora lo hacen los cuerpos de seguridad que son satanizados por sectores de la oposición y por la guarimba fascista que viola el derecho al libre tránsito a los vecinos en el este de Caracas.