Desde noviembre del año 2013, un equipo de investigadores de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (Urbe) promueve la justicia alternativa y la convivencia solidaria en Venezuela, mediante un proyecto científico que fomenta la implementación de centros de resolución pacífica de conflictos, en comunidades del municipio San Francisco del estado Zulia.
Con este proyecto, los académicos buscan el empoderamiento de las comunidades organizadas para la toma de decisiones, el arbitraje, la conciliación, la mediación y la comunicación asertiva.
En un semestre, se han formado 102 actores comunitarios: 60 jóvenes y adolescentes, 32 líderes comunales y 10 trabajadores de educación media (maestros, orientadores, obreros y directivos). Ellos serán multiplicadores y responsables en cada uno de sus territorios.
La coordinadora general del proyecto, Cira Fernández de Pelekais, informó que, hasta ahora, se avanzado en la filosofía organizacional de los centros, y en la elaboración del Código de Ética para la Acción que regulará —respetando la identidad compartida y la diversidad cultural— la relación entre los vecinos.
Actualmente, se está desarrollando una plataforma web a través de la cual la universidad garantizará el seguimiento a la gestión de los centros, y la asesoría permanente a los responsables.
“A partir de octubre próximo y por dos años, estos centros se convertirán en espacios donde estudiantes de la Escuela de Derecho, de la Urbe, prestarán su servicio comunitario. De esta forma, acompañaremos el proceso de fortalecimiento de los espacios implementados”, notificó la investigadora.
EN COMUNICACIÓN POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ
Este proyecto de investigación recibe financiamiento del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit), tras haber sido seleccionado por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (Mppcti), en la Convocatoria Estratégica Seguridad Ciudadana, Convivencia Solidaria y Estudios de Violencia 2012.
El equipo de trabajo del proyecto está conformado por cuatro abogados, dos profesores, un psicólogo, dos comunicadores sociales, un administrador y un economista especialista en Participación Ciudadana.
“Ya se han cumplido cuatro talleres: dos, dirigidos a los estudiantes de cuarto y quinto año de educación diversificada, que versan sobre tolerancia, respeto, conciliación de intereses y responsabilidad sobre sus acciones. Los otros dos talleres, relacionados con las prácticas de resolución de conflictos y los instrumentos jurídicos para la administración de justicia, se han dirigido a personal docente, administrativo y obrero, y a los voceros de los consejos comunales”, adelantó Fernández.
Según la coordinadora del proyecto, el equipo de investigación recomienda adscribir los centros de resolución pacífica de conflictos a la Dirección de Prevención del Delito del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a los fines de garantizar que se les asigne presupuesto y control de gestión.
La entrevistada enfatizó que, “el proyecto tiene un alcance local, porque va dirigido a un sector en especial, que es la comunidad de la parroquia San Francisco del estado Zulia. No obstante, puede extenderse a nivel regional e, incluso, nacional, debido a que la metodología puede replicarse en otros sectores —con las variaciones pertinentes—, para aportar soluciones que reduzcan la escalada de conflictividad social que, actualmente, se está viviendo en Venezuela”.
Por ahora, se están coordinando encuentros con voceros comunales de otras parroquias zulianas que, también, han solicitado el acompañamiento de investigadores de la Urbe para el manejo pacífico de conflictos.
“El Liceo José Antonio Calcaño, ubicado en la parroquia San Francisco, nos está prestando su planta física para ofrecer los talleres, tanto a los estudiantes como al personal de educación y a los voceros comunales”, agregó.
Recientemente, la profesora Cira Fernández de Pelekais expuso los avances y retos de este proyecto durante el Primer Encuentro de Investigadores e Investigadoras por la Paz 2014, realizado entre el 7 y 8 de abril, en Barquisimeto, estado Lara, donde acudieron más de cien expertos en materia de seguridad ciudadana y convivencia solidaria.