Las trabajadoras y los trabajadores públicos del estado Anzoátegui presentarán un conjunto de propuestas para contribuir con la renovación del contrato colectivo del sector, anunció el coordinador estadal de la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas (CBTS) y empleado del Consejo Legislativo de Anzoátegui (Cleanz), el dirigente Carlos Itriago.
El sindicalista explicó que realizarán asambleas en los 21 municipios y 58 parroquias de las cuatro zonas anzoateguienses (norte, centro, oeste y sur), y específicamente en los centros de trabajo, para luego confeccionar el respectivo pliego de peticiones: “La idea es escuchar las inquietudes de las empleadas y los empleados de todas las alcaldías y demás entes públicos”.
Precisó que en los debates extraordinarios se analizarán varios temas fundamentales como la ampliación y consolidación de los planes Vivienda Obrera y Mercal Obrero, el fortalecimiento del vínculo entre los Consejos Comunales y la fuerza laboral del Estado venezolano, y la socialización de la nueva convención colectiva: “Esta es la tarea que nos dejó Hugo Chávez”.
Subrayó, igualmente, que otros de los puntos que se tocarán en las discusiones sindicales son la actualización y unificación de los sistemas de jubilaciones, la revisión y reforma de la norma de carreras administrativas, y el pago de cestatickets a los jubilados y pensionados de las instancias del Gobierno Nacional, regional y municipal. “Todo esto es necesario”, afirmó.
MÁS BENEFICIOS SOCIALES
El coordinador regional de la CBTS manifestó que el nuevo contrato colectivo de la administración pública debe ampliar los beneficios sociales, educativos y de salud, que actualmente perciben alrededor de 2 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el país: “La transformación comenzó con los planes Vivienda y Mercal Obrero. Ese es el comino al socialismo”.
Apuntó que los beneficios de corte social no solo tienen que llegar a todo el personal del Estado venezolano, sino a la gran parte de sus núcleos familiares: “El alcance de los seguros médicos y de vida deben ser mayores para así garantizar la estabilidad de las personas involucradas. Igualmente, la defensa de nuestros derechos debe quedar sujeta a la contraloría social”.