76 fiscales municipales y parroquiales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos fueron juramentados este miércoles en el estado Anzoátegui, a fin de inspeccionar los costos de los productos en los establecimientos comerciales.
En el estado Anzoátegui, el jefe del Órgano Superior de la Economía, Hebert García Plaza, explicó que esta cantidad de fiscales se incorporará al grupo de funcionarios que comenzó la semana pasada las supervisiones, lo que eleva a 80 los equipos fiscalizadores en la entidad oriental.
Comentó que la tarea principal de estos funcionarios es proteger al pueblo y aplicar la Ley de Precios Justos en los negocios que incurran en acaparamiento, usura o boicot. Además, precisó que estos fiscales deberán hacer un levantamiento de toda la información que se detecte en los locales comerciales.
«Aquellas novedades que ellos (fiscales) detecten y puedan mejorar el proceso de producción o distribución para incrementar el abastecimiento, los fiscales lo informan. Eso llega al Órgano Superior de la Economía para ir estructurando todos los elementos y trabajar en conjunto para lograr el equilibrio perfecto», expresó.
Estos fiscales recibirán la acreditación por parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, que permitirá trabajar de manera coordinada con el Órgano Superior de la Economía, el jefe plenipotenciario en la región oriental y el gobernador del estado Anzoátegui.
El gobernador del estado Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz, dijo que este grupo de fiscalizadores se incorporará a los 2.027 funcionarios pertenecientes a 14 instituciones del Estado que comenzaron las supervisiones la semana pasada.
Este grupo de personas dará cumplimiento a los tres lineamientos que dictó el presidente de la República, Nicolás Maduro: producción, abastecimiento y precios justos.