Acabo de ver por televisión al jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, Hebert García Plaza, en un concesionario donde unas camionetas Ford Explorer que deberían ser vendidas a un precio de 900 mil bolívares, están ofertadas en tres millones 300 mil bolívares. Esto indica que comprar cualquiera de estos vehículos equivale a pagar más que por la compra de un apartamento en la ciudad de Caracas. Evidentemente, se comete el delito de usura con el agravante de que la empresa evade impuestos, según informó el servidor público.
Fedecámaras y el sector empresarial privado, se sientan en la mesa de diálogo con el Gobierno Bolivariano y disimulan ante el país “trabajar” por la estabilización de la economía. Lo que contrasta es que siguen realizando inspecciones en empresas del sector donde la especulación, la usura, la estafa y el robo son el común denominador. Es falso que el sector privado busque unir esfuerzos con el sector gubernamental para la recuperación económica. Su estrategia de mostrarse colaborador ante las cámaras, ante el país, solo busca dejar ver que “ellos” ponen todo de su parte y que, al final, las cosas malas que suceden son culpa de quienes rigen al Estado.
En Venezuela gran parte de la empresa privada es tan parasitaria y mafiosa, que las autoridades fiscalizadoras podrían pasar 25 años transmitiendo diariamente los desmanes especulativos y usureros cometidos en los comercios al realizar las inspecciones, a un promedio de 15 establecimientos por jornada. Inclusive, todos hemos visto que los locales reinciden en prácticas especulativas luego de haber sido multados. No cabe duda que estafar al pueblo les genera tantos dividendos que se pueden dar el “lujo” de pagar las multas y seguir delinquiendo abiertamente.
El crimen más cometido en el país es la especulación y usura, pero ningún venezolano ha visto a algún culpable de ello. Nadie ha logrado ver la foto de un empresario esposado siendo llevado por las autoridades, de hecho, en el imaginario colectivo se maneja la idea de que no hay ningún recluido cumpliendo condena por cometer este tipo de crímenes contra el pueblo. Por consiguiente, se proyecta en la sociedad una lenidad latente ante este tipo de ilegalidades, lo que aúpa se sigan cometiendo.
El sector privado sigue su estrategia desestabilizadora solapadamente. “Señor, cuídame del agua mansa que de la brava me cuido yo”, reza un dicho popular. Cada día es más inclemente el ataque de brazos caídos.