He conversado con varias personas que manifiestan inconformidad respecto a la forma como el Gobierno Bolivariano está encarando la implacable guerra económica que el sector privado ejecuta para afectar directamente al pueblo y que así se reduzca a la mínima expresión el apoyo y respaldo popular a la gestión revolucionaria.
Entre los argumentos más comunes destaca el hecho de que se siguen efectuando fiscalizaciones y vemos por los medios gubernamentales, mayoritariamente, los excesos cometidos por la empresa privada. La usura, la especulación y el acaparamiento se repiten incesantemente pero jamás se ve o se conoce de algún dueño de empresa o comercio que haya sido encarcelado. Pareciera que en la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos, obvian el apartado que establece prisión de 8 a 10 años para quien cometa los delitos de especulación, usura o boicot. De hecho, da la impresión que estos crímenes los comete el “negocio” y no el dueño del negocio, responsable de los delitos.
Se hace énfasis en la imposición de multas, en la confiscación de los bienes o productos para venderlos a los precios justos, cierres temporales, etc, pero medidas drásticas contra este flagelo no aparecen. Un familiar me decía que la gente le tiene más miedo a pasar 24 horas en prisión, que pagar una multa de 24 mil bolívares. ¿Será que la lenidad da paso a que los ataques de la empresa privada contra el pueblo y la Patria se sigan perpetuando?
Otro factor determinante es el hecho de que las fiscalizaciones no se enfocan en los comerciantes que día a día le venden al pueblo lo que les da la gana y al precio que les da la gana. No vemos inspecciones en las bodegas, no vemos inspecciones en fruterías, la carnicería del barrio o de la urbanización no es fiscalizada, la panadería de la esquina actúa como si no existiera Gobierno, etc. La red de establecimientos a dónde el pueblo debe acudir para comprar frecuentemente sigue especulando a sus anchas y, lo he constatado, aumentan los productos a veces hasta por hora: lo que en la mañana costó 50, en la tarde cuesta 55 bolívares.
Es imprescindible darle poder al pueblo para que actúe contra especuladores, acaparadores y usureros. Circunstancias excepcionales requieren la aplicación de medidas drásticas. No entenderlo así podría hacer que las acciones de la Revolución sean inocuas en esta guerra mediática.