La Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), diputada Marelis Pérez Marcano, señaló que con la aprobación de la Ley de Educación Universitaria se estaría enterrando la normativa impuesta por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en 1970.
Desde del Palacio Federal Legislativo, en donde fue recibido el documento de apoyo a la Ley de Universitaria, por parte de profesores y estudiantes revolucionarios, la parlamentaria agregó que la actual ley legitimó en el pasado el intervencionismo y la entrega de las universidades nacionales a los grupos económicos y a la Cuarta República, para utilizarla de acuerdo a sus intereses.
Señaló que hoy en el marco de esta nueva Ley de Universidades, el objetivo fundamental «es democratizar la universidad, para que no sigan de espalda al pueblo, sino que se articulen a nuestro pueblo, a la política establecida en el Plan Nacional de Desarrollo del país».
En ese sentido, indicó que Universidad, Estado y pueblo marcharan juntos hacia el desarrollo integral del país. Añadió que las universidades juegan un papel fundamental en la defensa de la soberanía, científica tecnológico, del desarrollo y de los nuevos valores que fortalecen la identidad del país y del pueblo.
Puntualizó que la legislación universitaria será una herramienta que con base a el desarrollo educativo que nuestro pueblo ha logrado en estos 11 años, se logren profundizar en una sola propuesta educativa para la emancipación, la soberanía y el desarrollo de nuestros países en función del buen vivir del pueblo.
Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) Darío Vivas, dijo que la nueva Ley de Universidades destacó las bondades que este instrumento legal aporta a la comunidad universitaria en su conjunto.
En ese sentido, recalcó, que esta Ley de Universidades complementa ese ciclo que garantizará la mayor participación, la no exclusión de los sectores educativos en Venezuela. Así mismo, agregó que restituye al estudiante el hecho de ser sujetos activos y protagónicos pues le garantiza su derecho a sufragar en la elección de las autoridades universitarias, tal como lo consagra la Constitución Nacional, así como la igualdad de su voto frente al de los profesores.
También subrayó, que otro aspecto importante que toca esta norma es el relacionado con el control que debe ejercer la población universitaria con relación a sus autoridades. Al respecto, especificó que «hasta ahora nadie sabe en qué invierten las autoridades universitarias el presupuesto y se niegan a entregarle cuentas a los estudiantes, a los trabajadores y al mundo universitario en general».
Aseguró, que esta Ley garantiza la autonomía universitaria, el acceso de todos a las casas de estudio, así como, una nueva universidad que este a tono con la visión igualitaria y mayor equidad del desarrollo del país, «con el propósito de construir el modelo socialista entre todos».
Sobre la matriz de opinión que sostienen algunos medios privados en contra de la aprobación de la norma, aseveró que sectores opositores de la derecha que han controlado las universidades, le temen al control que el pueblo podrá ejercer en las alma máter con este instrumento legal.