El Gobierno británico ha anunciado su intención de modificar la ley de forma que los «‘ciberdelincientes’ que amenacen la seguridad nacional, causando daños económicos o medioambientales, sean condenados a cadena perpetua», informa ‘The Guardian’.
Esta modificación legislativa es necesaria para hacer frente a aquellos ataques cibernéticos «catastróficos» que «causan pérdida de vidas, enfermedades o heridas graves, así como un elevado daño o riesgo para la seguridad nacional».
Expertos en Derechos Humanos critican esta nueva ley ya que apuntan que podría ser usada para acusar a los propios denunciantes, y que «la seguridad jurídica tiene que definir de forma precisa los delitos a fin de que las personas sepan cómo evitar las sanciones».