Un grupo de jubilados y personal activo del Banco Industrial de Venezuela (BIV) se congregaron ayer (martes) en una de las sedes de la institución en la esquina de Traposos, en Caracas, para solicitar al vicepresidente para Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, que se definida el destino de la institución y su situación contractual.
“La presidencia del Banco Industrial de Venezuela nos notificó que entre las opciones que manejan para la entidad está la de la liquidación, fusión con otra institución de la banca pública o la de convertirlo en una entidad más pequeña”, explicó Alberto Rodríguez, miembro de la asociación de pensionados y jubilados de la entidad.
La institución tiene cerca de 780 jubilados y pensionados y dispone de una plantilla de talento humano activo de 2.450 personas que pudieran verse afectadas si se llegaran a concretar “los planes del Ejecutivo”, planteó el vocero.
TEMEN POR SUS BENEFICIOS
“Nuestro interés es que la institución no se liquide, más ahora que arroja cifras positivas que indican una recuperación de sus resultados financieros. Pero en caso contrario, es importante que se deje constancia por escrito del destino del personal y de los jubilados, porque en un probable proceso de liquidación, se pudieran cambiar los criterios en el futuro, como ha sido la experiencia”, sostuvo Rodríguez.
Indicó que hasta la fecha han sostenido tres reuniones con el presidente BIV, José de Freitas Jardim, y les manifestó que los jubilados y pensionados serían traspasados al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, pero no se les ha explicado como quedarían sus beneficios contractuales.
Ante esta situación, hicieron un llamado al presidente Nicolás Maduro y al ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, para que reconsideren la medida. “Hay oficinas que están cerrando paulatinamente, por lo que la reducción de la entidad ya viene ocurriendo”, aseveró.
Informes de la Superintendencia de Bancos (Sudeban) arrojan un balance positivo después de la intervención abierta a la que fue sometida la institución en diciembre 2009 y, posteriormente, fue levantada una vez se regularizó su situación financiera.