El pasado 3 de octubre de 2014 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia que “echa por tierra la ley contra desalojos arbitrarios” firmada por el comandante Hugo Chávez, denuncia Rigel Sergent, vocero del Movimiento de Inquilinos.
La norma vigente establece que los tribunales no podían desalojar a una familia, pero el dictamen del TSJ de 2014 “planteó que el ente con competencia tenía seis meses para reubicar, y si no, se procedía a desalojar”. Los seis meses ya se cumplieron.
Con la Sunavi “hemos tenido mesas de trabajo; la Sunavi les ha dado respuesta a varios inquilinos, se les ha dado vivienda a algunos inquilinos y se ha llegado a acuerdos, pero estamos hablando de 5 mil familias que podrían ser desalojadas en cualquier momento a medida que se activen los propietarios” en los tribunales, alerta.
De acuerdo con Sergent van al menos 60 solicitudes de desalojo. “Tenemos ahora 120 inquilinos con sentencia firme para desalojo; los propietarios piden que los manden a refugio, y al menos 80 son de multiarrendadores” que no necesitan esos apartamentos como residencia, describe.
El Movimiento de Inquilinos pide fijar criterios para los desalojos: “En los casos en que haya inquilinos que tengan más de 20 años y los dueños de los edificios sean multiarrendadores, solicitamos que el inmueble sea ofrecido en venta”. También han pedido “un recurso de revisión o un amparo por derechos colectivos y difusos”, porque no se cumplió con los procedimientos.
Sergent agrega que se ha planteado que las 5 mil familias se vayan a un refugio, y algunas lo han hecho. “Pedimos que se pueda caracterizar cada uno de los casos y ver qué solución daríamos. También indicamos que hay inquilinos que pueden acceder al sistema 0800MIHOGAR, que hay inquilinos que se pueden incorporar a los proyectos del Movimiento de Pobladores” o que podrían ser reubicados en inmuebles que ahora son usados como depósitos.
El dirigente teme que si los tribunales actúan “los 5 mil van a ser desalojados”.
En esa lista que abarcaría la sentencia del TSJ también hay edificios incluidos en los 100 expropiados por el presidente Chávez, recalca.
COMISIÓN
Sergent explica que, por orden del presidente Maduro, se creó una comisión especial con la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez, al frente. “Hay que buscar una forma de garantizar lo que establece la Constitución, la ley de arrendamiento y la ley contra los desalojos arbitrarios”, además de pactos internacionales y, en el caso de Libertador, el decreto contra los desalojos suscrito por el alcalde Jorge Rodríguez.
En su opinión hay “un choque entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad”; la idea, subraya, es buscar soluciones cuando se trata de pequeños propietarios, que los multiarrendadores vendan a los inquilinos que tienen más de 20 años de ocupación y parar los desalojos.
Quienes quieran ponerse en contacto con Sergent pueden contactarlo por el correo electrónico movimientodeinquilinos@gmail.com.