El conflicto sobre la hidroeléctrica Barro Blanco, en el occidente del país, se convirtió en un problema nacional, reconoció hoy el secretario de Comunicación, Manuel Domínguez.
El titular explicó a Telemetro que se incorporaron nuevos actores y que el Ejecutivo estudia hacer una Mesa de Diálogo más amplia, además, reiteró que el Gobierno seguirá en el papel de facilitador entre la empresa constructora y los pueblos originarios que se oponen al proyecto.
Las declaraciones se producen tras la visita ayer de una delegación de la iglesia Mama Tatda, de la etnia NgÃñbe Buglé, al Palacio de Gobierno, donde se reunió con el presidente Juan Carlos Varela, para invitarlo a la comunidad que bloquea la entrada de Barro Blanco desde hace 12 días.
Varela reiteró a estos representantes a sumarse «al diálogo, al respeto a los derechos humanos y a la paz social», según un comunicado oficial.
El cacique regional Toribio García confirmó hoy a Prensa Latina que no aceptan la opción de diálogo y que reiteraron su exigencia a cancelar la obra y, mientras esto no ocurra, impedirán el acceso a los constructores.
Igual posición mostró en reiteradas ocasiones la cacica suplente y líder de Mama Tatda, Clementina Pérez.
La vicepresidenta Isabel de Saint Malo Saint Malo y el diputado José Luis Varela (hermano del Presidente), fueron acusados de ser accionistas de la empresa Generadora del Istmo (Genisa), que construye la hidroeléctrica, por Silvio Quiñones, abogado del grupo Silvio Quiñones, quien aseguró a Prensa Latina que tiene las pruebas. «Con el propósito de devolverle la paz y tranquilidad a los pueblos originarios, especialmente aquellos ubicados en la comarca NgÃñbe Buglé», el Partido Revolucionario Democrático (PRD) puso plazo al Gobierno hasta el 30 de junio para resolver el problema de Barro Blanco.
El PRD reconoce «el deber de garantizar la seguridad jurídica, pero ante todo, respetando por encima de cualquier interés, incluso económico, los derechos de los pueblos originarios».
También reaccionó la Cámara de Comercio (Cciap) al rechazar el bloqueo de carreteras como método de presión de los indígenas.
Un comunicado de la institución cita palabras de su presidente, Carlos Fernández, quien instó a «las autoridades a que hagan cumplir la Ley y que se respeten las garantías constitucionales, como lo es la libertad de tránsito».
Comunidades indígenas en otras partes del país y movimientos sociales manifestaron en las últimas horas su apoyo a la lucha de los pueblos originarios contra los proyectos hidroeléctricos.
El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco es financiado por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Comenzó a construirte en 2011 y espera generar 28,56 megavatios, aproximadamente 2 por ciento de la capacidad instalada del país. Si los indígenas lograr cancelar el proyecto ocasionarán demandas millonarias contra el Estado panameño, según las empresas nacionales que lo realizan -Generadora del Istmo S.A. (Genisa) e Hidráulica de San José-, las pérdidas podrían superar los 130 millones de dólares.
F/Prensa Latina y Telesur