La nueva Ley de Inquilinato debe proteger tanto a aquellos que están en condición de arrendatarios, como a la personas que se encuentran en condición de alquilados en un inmueble, así lo declaró la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.
Indicó que la Ley debe proteger a los inquilinos, pero debe hacerse «en respeto los derechos de las personas que alquilan sus viviendas».
Durante la instalación de una mesa interinstitucional para tratar el tema de las personas afectadas por el hundimiento de sus viviendas en el sector Terrazas de la Vega en Caracas, Ramírez señaló que sobre este último caso existe un amparo interpuesto en los tribunales que prohíbe la venta de los inmuebles y obliga a la empresa constructora a reubicar a las familias en urbanismos cercanos.
En la mesa de trabajo participan funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).
Finalmente, informó que serán los técnicos los que decidan si la zona es habitable a no.