El gobierno de Puerto Rico entró en una situación de impago al no cumplir con el primer desembolso de 57,9 millones que debía cancelar este lunes a acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP), lo que pone en duda su capacidad para saldar los compromisos con los tenedores de los bonos de su deuda pública, que se ubica en 73 mil millones de dólares.
La CFP es una entidad gubernamental creada para impulsar el desarrollo de proyectos públicos y el pago de sus deudas deber ser cubierto con recursos asignados por la Asamblea Legislativa de la isla, que carece de soberanía financiera por ser un «Estado Libre Asociado» de Estados Unidos, país que administra su economía.
La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, informó este lunes que la totalidad del pago a los bonistas de la corporación pública no se efectuó por la falta de fondos asignados para el año fiscal en curso.
A través de un comunicado, explicó que los términos y condiciones de los bonos de la CFP establecen, que dichas obligaciones «son pagaderas únicamente con fondos expresamente asignados por la Legislatura», refiere el portal web del diario boricua El Nuevo Día.
Acosta precisó que se aprobaron sólo 628 mil dólares , que constituyeron un «pago parcial de intereses» con respecto a los bonos en circulación, mientras que el pago correspondiente al sábado 1º de agosto, que se aplazó hasta este lunes, totalizaba 57,9 millones de dólares.
«Esta es una decisión que refleja las graves inquietudes acerca de la liquidez del Estado Libre Asociado y el balance entre las obligaciones con nuestros acreedores y las obligaciones con el pueblo de Puerto Rico, igualmente importantes, para garantizar que se mantengan los servicios esenciales que el pueblo merece», señala en el texto.
El gobierno central tuvo la opción, tal y como hizo en el pasado con pagos similares, de utilizar fondos de otras partidas para cubrir esa deuda. Pero se rehusó a aplicar esta medida, bajo el argumento de que su situación de falta de liquidez o de flujo de efectivo le impediría asumir dicho pago sin afectar la prestación de servicios para la ciudadanía.
Adicionalmente, el secretario de la gobernación de Puerto Rico, Victor Suárez, negó hace una semana que la isla se encuentre negociando con los acreedores de esta deuda en particular, y reiteró que los planes del gobierno se basan en iniciar una negociación formal con todos sus acreedores tan pronto tenga listo su «Plan de Ajuste Fiscal y Económico a Largo Plazo», que debe completarse a fines del presente mes.
«El planteamiento es que nosotros tenemos que terminar el trabajo del Plan de Ajuste Fiscal y Económico a Largo Plazo para continuar los trabajos de renegociación de deuda de los distintos acreedores. Estamos bien activos trabajando en la realización de ese plan y esperamos tenerlo a fines de este mes», sostuvo el funcionario, citado por el diario El Nuevo Día.
Esta situación crea desconfianza en los acreedores de la isla, que en su mayoría son empresas norteamericanas que compraron papeles de deuda, teniendo en consideración que en agosto vence deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (Cofina) por 330 millones de dólares.
A lo que se suman otros 2 mil 600 millones de dólares de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), 91 millones de dólares de la Corporación de Financiamiento Municipal (Cofim) y 14 millones del Sistema de Retiro.
DEUDA IMPAGABLE
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla reconoció que la deuda pública de 73 mil millones de dólares de la isla es impagable: «No hay otra opción. Quisiera tener una opción más fácil. Pero esto no es política, es matemática», expresó el gobernador boricua en una entrevista concedida al diario The New York Times, publicada el pasado 26 de julio.
Como la nación caribeña es un «Estado libre asociado» de Estados Unidos no puede declararse en bancarrota, tal y como lo establece la legislación federal estadounidense.
No obstante, para enfrentar esta crisis y tratar de proteger a los 3,5 millones de habitantes, el gobierno local solicita acogerse a la ley de bancarrota norteamericana, y así poder negociar mejor con sus acreedores, que en su mayoría son empresas norteamericanas que compraron papeles de deuda.
De esta manera, la administración boricua presentó el proyecto HR-870, que busca que se le permita a la isla declararse en bancarrota, y que se encuentra detenido en el Comité Jurídico por la falta de apoyo dentro de la mayoría republicana.