La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda la formación de una mesa de trabajo con la participación de la representación de los inquilinos y propietarios.
De acuerdo con una nota de prensa oficial, el objetivo es brindar respuesta consensuada a las controversias que se susciten, tras la culminación de los contratos de arrendamientos de vivienda que actualmente se encuentran en los distintos tribunales del país para garantizar los derechos de todas las partes.
Mediante la sentencia N° 1.171 publicada el 17 de agosto de 2015 se admitió la demanda de amparo en protección de los derechos e intereses colectivos y difusos de todos los ciudadanos y ciudadanas, arrendatarios de viviendas, cuyas causas se encuentran en estado de ejecución.
Esta medida fue interpuesta el pasado 29 de abril de 2015 por el Movimiento de Inquilinos, el cual solicitó al TSJ que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda revise las causas que se encuentran en estado de ejecución para el desalojo.
Asimismo, el Movimiento de Inquilinos solicitó al TSJ que se agilice el otorgamiento de refugios o viviendas a los inquilinos o inquilinas para que estos, de forma voluntaria, puedan devolver el inmueble a sus dueños.