Unas ocho empresas públicas y privadas registran conflictos entre patronos y empleados en Carabobo, las cuales en este momento son asistidas por el Consejo Legislativo del estado, afirmó ayer el diputado José Vargas, presidente de la comisión de Asuntos Laborales de este órgano.
El dirigente explicó al Correo del Orinoco que esas plantas agrupan más de 5 mil trabajadoras y trabajadores. Todas las semanas se llevan a cabo inspecciones y acompañamientos para solucionar la problemáticas que afectan al proletariado de la región, sostuvo el vocero.
Uno de los casos es de la General Motor, a la que se ha ordenado la reincorporación de obreros, «por lo que se podría decir que empieza a disminuir la conflictividad allí», opinó en integrante de la Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Está la situación en Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), en Puerto Cabello, en la que existe una disposición de iniciar la discusión de la contratación colectiva, indicó el activista, quien agregó que otro caso es la firma Quimisol, donde los obreros y obreras cobran menos del salario mínimo. Esta fábrica ayer comenzó sus diálogos internos en procura de la nivelación de los sueldos, acotó.
Un grupo laboral se encuentra en pie de lucha en pos de reestructurar la empresa Soplados de Venezuela y «estamos esperando la orden de los tribunales para la ocupación de la planta, a fin de entregarla a los empleados que son los que la levantarán», destacó.
CASOS EN ENSAMBLADORAS
Lamentó que varias ensambladoras de vehículos hayan presuntamente enviado a su personal de las líneas de producción a sus casas, con el alegato de las gerencias de una supuesta falta de material para continuar las actividades, cuestión que – afirmó- se investigará.
La Vicson, productora de alambrado y otros insumos para la construcción, está trabajando al 10% de su capacidad, «y tiene un contingente de empleados y empleadas por fuera a quienes acompañaremos en sus justos reclamos», subrayó.
Venoco, por su parte, anunció que se activarán las negociaciones de la convención colectiva, mientras que los compañeros y compañeras de Pirelli están solicitando en la Inspectoría del Trabajo la iniciación de este derecho, precisó Vargas.
Sobre el caso de algunas filiales de Polar en el estado, aclaró es un asunto que maneja el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero hay algunos integrantes de la corporación privada que salen a las calles a solicitar insumos y divisas, lo cual «es su derecho, pero ellos piden estas cosas para un grupo empresarial que le ha hecho mucho daño al país».