De acuerdo con la profesora Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, en cualquier país del mundo, independientemente de su modelo político, religioso y cultural, se violan los derechos humanos, “en unos más y en otros menos”, la diferencia está en la capacidad que tenga el sistema para identificar, reconocer, corregir las violaciones y sancionar a los responsables, hecho en el que, a su juicio, radica la problemática venezolana.
“Mientras en Venezuela estemos en una situación de ausencia y dependencia entre los poderes públicos, no importa la magnitud de una violación, ni el derecho que se esté violando, la consecuencia va a ser una inacción por parte del Estado”, sentenció. En la medida que se tengan poderes independientes unos de otros, y que cada quien se dedique a lo que le corresponde, esgrime, los resultados van a ser más óptimos, de lo contrario, asegura que no va a haber capacidad por parte del Estado de identificar y reconocer las violaciones, para después poder corregirlas.
Enfatiza que en estos momentos “estamos en una situación en la que la primera actitud es la negación”. Y aunque reconoce que la misma ha estado presente en otras épocas, esgrime que “nunca se había dado de una manera tan sistemática” como ahora. Frente a ese panorama, la solución más viable, según sus apreciaciones, es la “recuperación de la independencia de los poderes”.
Nuestra Constitución, reflexiona, “tiene el catálogo más amplio y más bello de derechos, pero el andamiaje institucional para su aplicación es muy frágil”. En ese sentido, recordó que la misión del centro, desde su nacimiento, ha sido “proteger la primera parte de la Constitución, contra los embates de la segunda, y el telón de fondo en ese proceso ha sido el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”.
MAYOR INDEPENDENCIA
Durante el periodo denominado Cuarta República, rememora Bolívar, los Derechos Humanos presentaron “fallas terribles”, pero a su parecer “había una mayor independencia de poderes” que permitía ciertos espacios de reconocimiento a las violaciones que se estaban cometiendo. Un caso emblemático, refiere, fue la masacre del Amparo, que se dio al final del gobierno de Jaime Lusinchi, quien asegura, intentó deslastrarse, puesto que en la rueda de prensa sobre el hecho dejó que hablara un militar, entregando su autoridad a otro órgano. Luego, Carlos Andrés Pérez marcó distancia con el caso. “En ese período se creó una comisión parlamentaria con personas de diferentes partidos políticos, que investigó lo sucedido y llegó a la conclusión de que lo que ahí había ocurrido no era un enfrentamiento con guerrilleros”, relató.
Esa comisión, expresa, “fue capaz de actuar de forma independiente al Presidente de la República y de los demás órganos”. No obstante, reseña que el caso se llevó a justicia militar, “donde fue tapado, y el Presidente de la República aceptó cubrir las actuaciones del Tribunal Militar cerrando la investigación”. Para ello se valió del Artículo 54 del Código de Justicia Militar, el cual, en su criterio, es antidemocrático porque le permite al Presidente de la República involucrarse en la justicia militar. “Ese artículo, que viene de la época de Gómez, y que sigue vigente hasta la fecha, viola los derechos humanos”, fustigó.
Con la llegada de Ramón J. Velázquez al poder, agrega, el caso sigue sin resolverse. “Su ministro de la Defensa, que todo el mundo reconoce que tenía unas ansias extrañas y una agenda oculta para no entregar el poder, anuncia que el Presidente de la República iba a indultar a los procesados del Amparo”, reseñó. Luego, en la gestión de Rafael Caldera, prosiguió, el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Ahí se tiene un pelito muy grande porque Asdrúbal Aguiar, que era el agente del Estado, equivalente a lo que es Saltrón ahorita, se empeñó hasta la saciedad en decir que el Artículo 54 del Código de Justicia Militar no era violatorio de los Derechos Humanos, porque contribuía a que el poder militar estuviese sujeto a la autoridad civil”. Al asumir Hugo Chávez la presidencia, puntualizó, “muchos de los involucrados en la masacre del Amparo empiezan a ocupar cargos públicos”.
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