Los actores enfrentados en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre representan dos modelos antagónicos en materia petrolera, que textualmente se reflejan en dos documentos: el “Plan de la Patria”, aprobado como Ley por los diputados y diputadas de la Revolución Bolivariana, y el “Acuerdo para la Transición” por parte de la oposición venezolana.
El documento Bolivariano expresa la voluntad nacional de mantener la producción de petróleo en función de la cuota OPEP, y aumentar la capacidad de producción para suplir la demanda futura, acompañada de una modificación de la misma.
La propuesta de la oposición se basa en aumentar la producción sin tomar en cuenta a la OPEP, lo que derrumbó los precios del barril en los años 90 hasta los 7,2 dólares, dividiendo a la organización para beneficio de los sectores transnacionales.
El mantenimiento de la Ley de Hidrocarburos es parte esencial del legado del Presidente Chávez, que fija una regalía de 33,4% para las empresas, a diferencia del 1% cobrado a las compañías situadas en la Faja Petrolífera del Orinoco, durante el último gobierno de la cuarta república.
En el “Acuerdo para la Transición” se plantea modificar el reglamento legal antes nombrado para reducir la proporción que le corresponde al Estado, en provecho de las transnacionales, atentando contra el financiamiento de las misiones sociales.
Igualmente la oposición esgrime que la directiva de PDVSA debe estar integrada por quienes llevaron al país al Paro Petrolero, ocasionando pérdidas de vidas y daños por más de 20 mil millones de dólares.
Son dos modelos antagónicos enfrentados entre sí: el de la Revolución Bolivariana y el que representa al capital financiero internacional, por lo que el pueblo venezolano deberá decidir donde se encuentran sus intereses.
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