Defensores de derechos humanos y otros activistas rechazaron hoy el anunciado desalojo de colombianos desplazados por el conflicto armado, quienes permanecen ahora refugiados en el predio El Mirador, dentro de la caribeña localidad de Barranquilla.
El Tamarindo, situado en las afueras de esa ciudad, acogió desde 1999 a familias obligadas a abandonar sus casas como resultado de la confrontación bélica, la mayoría de las cuales fueron expulsadas de esa zona en 2008 tras demandas de empresas locales.
A partir de entonces muchas de las víctimas de la conflagración decidieron permanecer hacinadas en El Mirador, última parcela que les quedaba y de la cual pudieran ser expulsadas mañana, advirtió la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, a través de un comunicado difundido por las redes sociales.
Tal determinación está sustentada en un reciente fallo que otorga los derechos sobre la tierra a la entidad Inversiones Agropecuarias Los Turpiales y ordenó a los ocupantes abandonar de buena fe el sitio, donde permanecen desde hace más de 10 años.
Ante tal panorama la comunidad exigió a las autoridades competentes la confección de un plan de reubicación para los pobladores que cumpla con los requisitos constitucionales de seguridad, voluntariedad y dignidad, petición sin respuesta aún, precisó la declaración.
Desde Twitter políticos y cibernautas condenaron la decisión de desalojar a ese grupo de campesinos, victimizados en varias ocasiones y quienes desde hace más de una década buscan un lugar que puedan llamar hogar.
Según la emisora Contagio Radio la operación en El Tamarindo para despojar de sus viviendas a los comuneros será ejecutada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios.
De acuerdo con registros oficiales más de seis millones de colombianos salieron de sus lugares de origen de forma forzada o voluntaria, como consecuencia de la violencia derivada de la guerra interna.
Bogotá y naciones vecinas como Venezuela, Ecuador y Brasil constituyen los principales centros receptores de esos migrantes.