A fines de enmendar aquello a lo que hubiera lugar, debemos considerar con detenimiento las distintas estrategias que ha seguido la Asamblea Nacional (AN) desde su juramentación hasta sus más recientes actuaciones, desapasionadamente y con cabeza fría, como desde ella lo han hecho.
La derecha evidentemente ha refinado sus tácticas. De un discurso confrontacional que de manera burda planteaba una ruptura de la continuidad presidencial durante el primer semestre de este año y que de antemano sabían esteril –aunque no lo reconocieran como tal– han pasado a hilar más fino y a optar por un mayor tacto para emplear sus ventajas políticas.
Inscritos en una lógica revanchista, sus primeros pasos tras establecerse como mayoría parlamentaria fueron todo lo visceral que muchos presumiamos: pases de facturas, atropellos y destemplados discursos contra la institucionalidad fueron la norma en la AN, quedando relegada la puesta en marcha de una agenda parlamentaria. Este rumbo adquirió un nuevo rostro poco tiempo después, cuando comenzaron a proponer distintos instrumentos y reformas legales que si bien se soportaban en un discurso formal, no pretendían sino acusar la gestión de la Revolución Bolivariana o socavar aspectos claves de su institucionalidad y sus bases.
Ante las confrontaciones políticas e inclusive los dictámenes de inconstitucionalidad de algunas de las acciones asumidas por la Asamblea Nacional, sus movimientos han dado un nuevo giro: pasar de la confrontación directa y orientada por los intereses históricamente contrarios al Gobierno Bolivariano a un ejercicio legislativo en materias altamente sensibles y de interés nacional, pero con una elaborada táctica: descargar en otros poderes públicos la responsabilidad de contrariar actos legislativos que aunque a primera vistas son justos y necesarios esconden aspectos que las hacen inaplicables.
Reciente ejemplo es la sancionada Ley de Bonos para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados, inobjetable en su espíritu pero de muy difícil aplicación en el escenario económico actual. ¿El resultado? Mostrar a los poderes Ejecutivo y Judicial como responsables de decisiones impopulares. Maquiavelo en acción.
Por su sutileza e impacto, no es de extrañar que sea ésta la nueva estrategia de la derecha desde el Parlamento. Las fuerzas revolucionarias están obligadas a dar un paso adelante y seguir promoviendo decisiones de alto impacto social que faltaron por aprobar teniendo el control de la Asamblea Nacional y que a hora tocará abanderar con la correlación de fuerzas y el escenario económico nacional en contra.