Tras la reunión entre Gustavo Cisneros (Venevisión) y el presidente Hugo Chávez, el canal de La Colina decidió, para bien del país, abandonar el desconocimiento de la Constitución y las leyes que junto con toda la TV privada sostuvo entre 1999 y 2004, y continuar su línea opositora, pero legal.
Esto ocasionó, no solo la división (RCTV y Globovisión mantuvieron la línea inconstitucional e ilegal, hasta que la fuerza de la ley y del pueblo los derrotó) sino un periodo de paz, con interrupciones comparativamente menores a aquellos años de violencia política y social.
¿Es esa paz definitiva? ¿Cómo se puede desestabilizar al Gobierno, sin participar en la Guerra de IV Generación a la que Venezuela, por su deseo de ser libre, está sometida?
Simplemente, desinformando, que es lo que hemos notado en el silencio de los noticiarios de la TV de entretenimiento en algo tan grave como el fenómeno El Niño.
¿Qué ocurriría si un sector del pueblo, que no se informa por el Sibci, al no ser informado en la TV que ellos miran, fuera sorprendido, Dios no quiera (ni nadie que ame a Venezuela, y quiera lo mejor para ella) con un apagón nacional, en caso de que el fenómeno climatológico El Niño’ recrudeciera?
Nuestra Constitución, democrática y apegada a la libertad de expresión, no permite imponer líneas a los prestadores de servicios privados, a la TV privada, pero sí establece el freno para cualquier desestabilización, no solo por acción, sino por omisión, en su Artículo 57: “Se prohibe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.
Urge usar los elementos que nos da la Ley Resorteme (no solo cuñas, la PNI dentro de la TV privada, asignada directamente desde el Minci, o el exhorto serio de Conatel) para amortiguar el peso de la censura a un fenómeno delicado como El Niño.