El Ministerio Público interpuso dos recursos de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contra dos decisiones tomadas por los extintos consejos de Guerra Permanente de Monagas y Zulia, instancias que declararon como terminadas las investigaciones de desapariciones forzadas ocurridas entre los años 1965 y 1967.
Las víctimas son Donato Antonio Carmona y Tulio Ramón Arévalo. El primero fue un dirigente sindical, a quien efectivos de la Dirección General de Policía (Digepol) se lo llevaron detenido el 9 de septiembre de 1965 en el centro de Caracas y hasta la fecha su cuerpo no ha aparecido.
Mientras que la segunda persona fue desaparecida por el Ejército el 29 de abril de 1967, en el sector Bella Vista, en la ciudad capital.
Los recursos fueron interpuestos por los fiscales 8ª, 39º, 80º nacionales y auxiliares, así como la 86° del área metropolitana de Caracas, Mery Gómez, Juan Barradas, Elvis Rodríguez, Armando Saavedra, Héctor Alvarado y Edmysalha Guilléz, respectivamente, quienes son los encargados de investigar crímenes y violaciones a los derechos humanos ocurridos por razones políticas entre 1958 y 1998.
En el primero de los casos se solicitó a la referida sala anular la sentencia del Juzgado Militar Permanente de Maturín, estado Monagas, de fecha 16 de julio de 1998, instancia que declaró extinta la acción penal.
Posteriormente, el 22 de octubre de ese mismo año, el Consejo de Guerra Permanente de ese estado ratificó tal decisión, por lo que se concluyó la investigación.
Respecto al líder social Arévalo, el 15 de octubre de 1968, el Tribunal Militar Accidental de Instrucción de El Tocuyo, en el estado Lara, declaró finalizada la averiguación sumarial y, posteriormente, el 10 de mayo de 1977, el Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo, estado Zulia, confirmó dicha decisión.