La próxima semana se cumplirán 187 años de la firma del Decreto de nacionalización de las minas de la Gran Colombia, acto realizado el 24 de octubre de 1829, en la ciudad de Quito por el Libertador, Simón Bolívar.
Con esta decisión, mediante la cual continuó vigente el tratamiento dado por la Corona española a la actividad minera, se estableció la propiedad de la naciente República sobre las riquezas existentes en el suelo y/o subsuelo de su territorio.
Este hecho resulta mas importante aun, tomando en cuenta que el Libertador, como miembro de la clase ilustrada de esa época, estaba marcado por la corriente liberal de pensamiento que dio fuerza a la Revolución Francesa y que influyó todos los aspectos de la vida económica, social y política del momento en que le tocó vivir.
El decreto emitido por Bolívar fue ratificado por el Congreso Nacional en 1832, luego del desmembramiento de su sueño y el surgimiento de Venezuela como país independiente.
Sin duda, la posición fijada por nuestro Prócer en 1829, sirvió luego como punto de apoyo casi 100 años después, cuando, con la llegada de las compañías petroleras extranjeras, nuestra Nación se encontró de pronto frente a las apetencias del capitalismo internacional en plena expansión y surgió entonces la necesidad de avanzar en la construcción de un marco legal especial para regular las actividades relacionadas con la explotación de nuestros hidrocarburos, tarea en la que se fue avanzando poco a poco durante una centuria.
Hay que destacar además que el espíritu del Decreto de Quito fue ratificado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 12, en el que se establece que “…los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles”.