Según la receta del Fondo Monetario Internacional propuesta al Gobierno de España hay que limitar el incremento en el monto de las pensiones para reducir los “costos” del envejecimiento y establecer un “ajuste generacional”, como parte de un modelo integral de seguridad social avalado por gobiernos y sectores privados
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó al Gobierno de España un informe económico anual que contiene una propuesta de reducir al mínimo el aumento de las pensiones (máximo 0,25% anual) para que el sistema sea sostenible y el esfuerzo de ajuste se reparta «entre generaciones». En caso de que las pensiones excedan ese porcentaje “debería compensarse con un paquete amplio de medidas (¿?) de lo contrario el impacto recaerá en las generaciones futuras”, advirtió la economista jefe de la misión en Madrid, Andrea Schaechter.
La propuesta, que llegó enmarcada en el artículo IV del análisis anual de la economía española presentado por el organismo internacional, pide que preferiblemente el monto de las pensiones se mantenga en el actual nivel para frenar la presión económica que el “costo del envejecimiento” ejerce sobre las pensiones. La idea del FMI coincide con la postura del Partido Popular (PP) que plantea vincular las prestaciones a la evolución de la inflación. Y el Fondo abunda en esa línea: “si se elevan las pensiones actuales, los pensionistas futuros tendrán que correr con esa carga, por eso hay que tener mucha precaución respecto a lo que se hace en este asunto”, sostiene el informe de Schaechter. La funcionaria recomienda a los trabajadores ser conscientes de que su futura pensión no va a ser igual que las de ahora y que «en el medio plazo el gasto relacionado con la edad aumentará significativamente».
Envejecimiento: ¿derecho o delito?
El FMI también recomendó al Gobierno de Nicaragua incrementar la edad de jubilación y el número de cotizaciones mínimas, entre otras medidas, para salvar de la quiebra al Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS), según informó el organismo en una declaración divulgada desde Washington. Y aunque los empresarios manifestaron que no darán un centavo mas al Seguro Social, porque ya se les habían aumentado la carga patronal en tres puntos porcentuales, el Fondo Monetario Internacional insistió en esa recomendación para evitar que el INSS caiga en insolvencia en 2019.
Pero la visión monetarista integral sobre las pensiones está mejor reflejada en Argentina, donde el proyecto fue acogido plenamente en diciembre de 2016 por el presidente Mauricio Macri. El documento del FMI (Report 16/346) está inserto en el artículo IV del Convenio de Consulta (el mismo que presentó en España) elaborado por el “staff team” del organismo “luego de visitar cada país y recabar información del Gobierno y del sector privado”, revela el diario Clarín. El largo informe, al que Clarín accedió a través del Instituto de Trabajo y Economía, Fundación G. Abdala, analiza la situación general de la Argentina. En las paginas 25 y siguientes, el informe señala que en los últimos años hubo “una expansión del número de beneficiarios” a la que se sumó la inclusión reciente de una pensión universal para adultos mayores no contributiva. Esta modalidad es la que se conoce como “pensión social”, que es pagada íntegramente por el Estado o parcialmente por contribución de los beneficiarios durante su tiempo de trabajo.
Misión privatización
Es fácil observar que todos los caminos del FMI conducen a la privatización, pero también a la corrupción, según la experiencia vivida en la mayoría de los países, especialmente de América Latina. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, introdujo el 10 de agosto ante el Congreso su proyecto de reforma al sistema de pensiones, que fue instaurado en 1980, bajo el gobierno militar de Augusto Pinochet.
En 2016, Bachelet anunció la reforma de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Propuso implementar un sistema provisional «mixto» que permita subir en promedio un 20 por ciento los montos de las jubilaciones y un aumento promedio cercano al 50 por ciento cuando se jubilen los más de 10 millones de afiliados que cotizan en el actual sistema. Bachelet dijo en aquella oportunidad que la nueva iniciativa contempla dos proyectos: la creación de una entidad pública para la administración de los fondos de los trabajadores y el aumento en cinco puntos de las cotizaciones de los trabajadores.
¿Brasil, siempre Brasil?
Varios desfalcos afectaron a los cuatro mayores fondos de pensión de Brasil, todos ellos entes “sin ánimo de lucro” vinculados a empresas públicas: Previ, que gestiona las pensiones de los empleados del Banco do Brasil; Petros, de la petrolera Petrobras; Funcef, del Banco Caixa Econômica Federal y Postalis, de Correos. De este modo, un tribunal federal de Brasilia emitió mandatos de prisión temporal contra 7 sospechosos, ordenó que otras 34 personas sean llevadas a declarar a comisaría y autorizó a la Policía a realizar registros en 106 domicilios en nueve regiones del país, según un comunicado.
Bloqueo de bienes y fondos millonarios
Uno de los empresarios llevados a declarar a comisaría, según mostraron las televisiones locales, fue el expresidente de la constructora OAS Leo Pinheiro, que es uno de los condenados por el escándalo de Petrobras.
Además, la justicia ordenó la incautación de bienes, el bloqueo de activos y de fondos en cuentas bancarias de 103 personas físicas y jurídicas investigadas por un valor de cerca de 8.000 millones de reales (unos 2.500 millones de dólares). La Policía identificó que la red de corrupción constaba al menos de cuatro núcleos, el empresarial, el de dirigentes de los fondos de pensión, el de empresas evaluadoras de activos y el de gestores y administradores de los fondos de inversión. En esta operación participaron 560 policías federales, además de 31 inspectores. Es probable que en el sistema de seguridad social presentado por el FMI algunas de estas desviaciones del sector privado y público hayan sido previstas.
T/ Raúl Pineda
F/ Archivo CO
Madrid