El representante legal de la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK), Carlos Alberto Beraldi, denunció la siembra de una sustancia tóxica durante el allanamiento al domicilio El Calafate, del cual ella es propietaria.
El defensor expuso que al finalizar el allanamiento la exmandataria y su familia se encontraban arreglando la residencia cuando empezaron a sentir “mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultad para respirar”.
Ante tales síntomas les realizaron las respectivas evaluaciones médicas, que dieron como resultado “las dolencias padecidas tienen origen un tóxico de contacto”, reveló.
La acusación la hizo a través de un comunicado, que publicó en su página web la exmandataria, (https://goo.gl/Q1giso) en la que ratifica las irregularidades cometidas durante el procedimiento judicial, tal como el impedimento de estar presente en el lugar, lo que viola disposiciones constitucionales.
El documento recoge que “el allanamiento a la propiedad de El Calafate fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana”
Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos. En ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita, reza el documento.
Otra de las irregularidades se refiere a la cadena de custodia sobre las cosas que están siendo requisadas, “el procedimiento comienza y termina cuando se le ocurre al juez. En cada interrupción, el domicilio queda bajo la disposición discrecional de la fuerza policial sin que pueda haber supervisión alguna sobre ellos, concretamente durante toda la noche no sabemos quién entra o sale de la casa”.
“Este nuevo capítulo se suma a la saga de dos años y medio de hostigamientos y persecuciones hacia Cristina Fernández en las que ni siquiera se han privado de escuchar y difundir sus conversaciones privadas, seguir sus movimientos utilizando personal de inteligencia del Estado e involucrar a los miembros de su familia en las distintas asociaciones ilícitas”, enfatizó.
Estos hechos se relacionan con las denuncias de supuestos casos de corrupción, en los que los investigadores mantienen que la señora Kirchner y su difunto esposo y predecesor Néstor Kirchner encabezaron una conspiración que involucró a compañías de construcción y electricidad, que pagaron al menos USD 165 millones en sobornos en efectivo a cambio de lucrativos contratos públicos de 2005 a 2015, cuando gobernaban.
Allí se remarca que en el centro de la investigación están los ocho cuadernos que escribió Oscar Centeno, exchofer que según guardó notas detalladas de las entregas de bolsas de efectivo a los Kirchner. En ellos anotó las fechas, las personas y los montos de los sobornos.
La exmandataria argentina ha declarado que es “víctima de la persecución política de rivales conservadores y jueces partidistas a los que llamó el Partido Judicial, quienes intentan impedir que vuelva a postularme a la Presidencia el próximo año”.