El Gobierno de Venezuela aseguró este martes que pese a haber suspendido temporalmente la cooperación técnica con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, está dispuesto a mantenerla «sin injerencias y sin participaciones políticas».
«Quiero subrayar que el Gobierno de Venezuela sigue interesado en mantener una cooperación técnica de alto nivel con esta oficina del Alto Comisionado y trabajar de manera conjunta para garantizar el respeto a todos los derechos de los venezolanos y las venezolanas, sin exclusión; fundamentalmente los de aquellos afectados por la imposición de las medidas coercitivas unilaterales», sostuvo este martes desde Ginebra el canciller venezolano, Yván Gil, en su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Antes de referirse a la disposición de Caracas en no romper definitivamente con la oficina del Alto Comisionado, Gil calificó de «lamentable» la reciente actuación del equipo destacado en Venezuela, al que señaló de haberse «alejado de su mandato de imparcialidad», de llevar «a cabo acciones impropias», al erigirse en una «suerte de bufete particular de grupos golpistas y terroristas».
«Resulta sorprendente que la oficina del Alto Comisionado no haya sido capaz de pronunciarse ni una vez ante las denuncias sustentadas del Gobierno nacional de intentos de golpe de Estado y magnicidio recientemente frustrados. Por el contrario, la oficina se ha hecho eco de la campaña de sectores radicales que continúan atacando a las instituciones y al Gobierno de Venezuela», reclamó el funcionario.
Inoperancia
En otros puntos de su discurso, el diplomático aludió a la ampliación de «las profundas desigualdades, iniquidades y exclusiones, con países hegemónicos que mantienen sus agendas de dominación y explotación contra los pueblos del Sur».
«Hasta el presente, mi país ha sido objeto de casi 1.000 medidas coercitivas unilaterales, ilegales y otras imposiciones criminales utilizadas como herramientas para destruir nuestra economía y forzar, sin éxito, un cambio de régimen, violando flagrantemente el derecho internacional, lo que ha generado la pérdida de más de 232.000 millones de dólares en la última década», precisó.
Del mismo modo, avanzó críticas contra la inoperancia del sistema internacional para atender situaciones críticas de violaciones de derechos humanos en el Sur global. «Es un crimen de lesa humanidad que hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional y sobre lo cual esa Corte ha tardado cuatro años en pronunciarse», llamó a recordar en referencia a las sanciones estadounidenses.