Las familias afectadas por un ataque con explosivos atribuido por el Gobierno a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en los municipios de Corinto y Toribío, en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), esperan que se produzca una intervención social y económica por parte del Estado.
Así lo reportó este miércoles la corresponsal de teleSUR en Colombia y enviada especial a la zona, Angie Camacho, quien además precisó que al menos 480 familias quedaron damnificadas por el ataque con exlosivos registrado el pasado domingo.
Camacho recordó que el pueblo de Toribío fue reconocido en 2007 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por su sigla en inglés) como ejemplo de resistencia y trabajo colectivo, pero que actualmente ha quedado parcialmente destruido a causa de las explosiones del fin de semana pasado.
Entrevistado por Camacho, uno de los damnificados, Edgar Sánchez, explicó que se trata de la quinta vez que un ataque de este tipo destroza su vivienda, al tiempo que sostuvo que en las oportunidades anteriores solo recibió indiferencia por parte del Estado.
Sánchez además dijo ante las cámara de teleSUR que no hay quien se interese por comprar casas o terrenos en el municipio de Toribío, por el temor que genera el conflicto en la zona.
“Por aquí no compra nadie. Estos lotes por aquí, cerca de la estación, por aquí no compra nadie ya. Porque a la gente le da miedo el municipio y el estado. Ellos dicen que no compran esto tampoco”, dijo el ciudadano afectado por el ataque del pasado domingo.
Pos su parte, el líder indígena local, Feliciano Valencia, sostuvo que en la zona no sólo las fuerzas insurgentes de las FARC se apropian de sus viviendas y terrenos, sino también la Policía y el Ejército en su esfuerzo por controlar el lugar.
Valencia denunció así que el Ejército colombiano instaló una trinchera, prácticamente, en la puerta de su vivinda.
“No solamente la guerrilla se está tomando la casa de la gente, también la policía, también los soldados. Esta es la otra verdad que no se da a conocer, lástima que el Gobierno piense que con la creación del Batallón de Alta Montaña en Tacueyó se va a solucionar el problema. Para nosotros no”, dijo Valencia.
“Ahí las que va a quedar nuevamente vulneradas son las víctimas. Vamos a ser objetivo militar”, alertó el líder indígena.
Asimismo, Elvira Gómez, habitante de Toribío, abogó porque tanto como la insurgencia como el Gobierno no continúen propiciando más muertes y deparen las armas.
Ya no se justifica tanta guerra, por favor. Que se acabe tanta guerra, que no haya más muertos, por favor, con las armas. Ya paren las armas”, expresó Gómez a teleSUR.
En un reporte anterior, la noche del pasado martes, Camacho reportó que los habitantes de Toribío continuaban a la expectativa tras el cese de los enfrentamientos generados entre fuerzas militares y policiales contra presuntos insurgentes de las FARC.-
Precisó que, desde la tarde del pasado martes, se observó una fuerte presencia militar y que los uniformados advertían a los equipos de reporteros sobre la peligrosidad en la zona.
Detalló que se estima que, con la orden de enviar tropas especiales a Toribío, el Gobierno colombiano tiene la intención de cerrar el paso al líder de las FARC), Alfonso Cano.
Los habitantes de la zona, quienes en su mayoría perdieron sus viviendas a consecuencia de los ataques con explosivos del fin de semana, se encerraron en casas temiendo que se produzcan víctimas por los enfrentamientos armados.