Este martes en Bolivia, rindieron declaración los últimos imputados por la represión policial de octubre de 2003, para de esta forma concluir el proceso judicial, cuyo principal responsable el exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, sigue prófugo en Estados Unidos.
Por este caso declararán el general Oswaldo Quiroga y el almirante José Luis Aranda, para seguidamente establecer un debate entre las partes y mañana miércoles dar el veredicto del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
El 17 de octubre de 2003, miles de vecinos de la ciudad de El Alto bloquearon el paso de combustibles a La Paz en rechazo a políticas del expresidente Sánchez de Lozada, como la de exportar gas a Estados Unidos por un puerto de Chile, a cuyo país Bolivia reclama una salida soberana al mar, perdida en 1879.
El exmandatario envió a uniformados a acabar con las protestas, lo cual derivó en 68 muertes y más de 400 heridos, una cruda arremetida policial que fue denominada Octubre Negro.
La revuelta obligó a Sánchez de Lozada a renunciar el 17 de octubre de ese año, para ir a refugiarse a Estados Unidos, seguido de Carlos Sánchez, ex ministro de Defensa, y Jorge Berindoague, titular de Hidrocarburos.
Por su parte, en Perú recibieron refugio otros ex ministros de esa época: Mirtha Quevedo (Participación Popular), Javier Torres (Salud) y Jorge Torres (Hacienda), también implicados en la masacre.
Otros tres acusados en el caso, los ex generales Roberto Claros, Gonzalo Rocabado y Juan Véliz, manifestaron sus argumentos sobre la responsabilidad en los hechos.
Véliz fue vehemente al señalar que él defendió la Constitución Política del Estado porque se rompió el orden social en septiembre y octubre de 2003.
Antes, familiares de las víctimas de la represión militar denunciaron dilaciones en el juicio contra sus responsables.
De acuerdo con el abogado Rogelio Mayta, los afectados en ese juicio, mantienen una vigilia frente a las puertas de la Corte Suprema.