El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MIJ), Tareck El Aissami, afirmó este martes que los gobernadores de derecha “están incapacitados para gobernar este país”, debido a que a no han logrado concretar políticas eficientes para garantizar la seguridad a los ciudadanos de los estados que manejan.
El Aissami destacó que, contrario a elaborar planes contra la inseguridad en sus estados, algunos mandatarios regionales se dedican a atacar las políticas de seguridad que impulsa el Gobierno Bolivariano, culpándolo de ser el único responsable de los problemas en la referida materia.
Durante su participación en el programa Dando y Dando, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el alto funcionario indicó que los dirigentes políticos opositores sólo enfocan sus esfuerzos en tratar de generar matrices a través de “un discurso de sangre”, a fin de influir en la opinión pública y generar angustia en la población respecto al tema de la inseguridad.
En ese sentido, declaró que los integrantes de las cúpulas de la ultraderecha venezolana, emprenden las referidas campañas con la finalidad de ocultar su incapacidad para gobernar las regiones donde fueron electos.
Afirmó que el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, aunque tiene a su disposición un gran número de funcionarios policiales, que oscila en más de 2.500 efectivos, no elabora políticas eficaces para combatir la delincuencia.
Destacó que en la referida entidad ubicada en la región central del país ha incrementado en 43 % el delito de homicidio en los últimos días.
Por otra parte, aseveró que el Gobierno Bolivariano asume su responsabilidad en la lucha contra la inseguridad y afirmó que por esta razón están elaborando una serie de políticas para lograr erradicar la violencia en el país.
Finalmente, sostuvo que el Estado ha realizado una investigación seria y científica para crear las políticas efectivas de seguridad como lo son la Ley Orgánica del Servicio de Policía, la creación de la Policía Nacional Bolivariana, el Estatuto de la Función Policial, así como más de 20 resoluciones y normas comunes para el nuevo funcionamiento de los cuerpos de policía.