Juan Carlos Alemán, diputado ante la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialista Unido de Venezuela ((Psuv), enfatizó este martes que en el país no hay nada que prive sobre la Constitución Nacional y recordó que ésta le da la potestad a la Contraloría General de la República para sancionar a los funcionarios por las irregularidades cometidas contra el patrimonio público.
El legislador cuestionó que la bancada de la derecha obviara en su argumentación a favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) artículos de la Constitución como el número 7, en el que se ratifica la soberanía de Venezuela.
Alemán hizo la anterior apreciación durante el debate que se efectúa en el Parlamento para rechazar el pronunciamiento de la CIDH sobre la inhabilitación administrativa por malversación de fondos que pesa sobre el activista político de derecha Leopoldo López.
También se refirió el artículo 289 de la Carta Magna, en el cual se deja claro la potestad de la Contraloría de la República de inspeccionar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a control, practicar fiscalizaciones y disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar.
“La bancada de la oposición utiliza la Constitución a conveniencia. Lo obvian porque no les conviene. Vienen aquí (al Parlamento) a defender a un delincuente. Aquí no pueden decir que si él agarró los reales o sacó de una partida para llevárselas a otra partida, lo que él hizo (Leopoldo López) es un delito y está tipificado en la Ley contra la Corrupción”, precisó.
Alemán descartó que el asunto fundamental detrás del pronunciamiento de la CIDH sea de carácter jurídico y señaló que lo que mueve la acción del referido organismo es provocada por intereses políticos.
Resaltó asimismo que los intereses de ese organismo están subordinados a los mandatos del imperio estadounidense y lamentó que la misma celeridad que éste tuvo en el caso de Leopoldo López no la ha tenido en casos como el golpe de Estado de 2002 en Venezuela, las denuncias de las fosas comunes halladas en Colombia y el despojo de la presidencia de Haití a Jean Bertrand Aristide.