La participación popular es imprescindible y necesaria dentro de todo el proceso de ejecución de la Ley de Costos y Precios Justos, ya que la gente es la que determinará se si se aplica o no el instrumento legal.
Así lo expresó este viernes, Karlin Granadillo, superintendente Nacional de Precios y Costos Justos, durante su participación en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión.
Señaló que las personas, ejerciendo el Poder Popular, se apoderarán de todo el proceso de aplicación de la ley respecto al levantamiento de la información de costos, para así determinar el valor real de los servicios y productos, así como la continua verificación de los mismos para garantizar que se cumpla la ley.
Granadillo explicó que esa participación popular, estipulada en la ley, es el proceso fundamental que reviste de legitimidad su normativa. “Esta no es una Ley arbitraria, es analizada y estudiada que compensa tanto al comerciante como al consumidor”, aseveró.
Destacó que las personas, ejerciendo la contraloría social, son las principales ejecutoras de la ley, las llamadas a detectar si hay una violación o incumplimiento por parte de algún comercio o empresa, y uno de los principales canales para denunciar las irregularidades ante la Superintendencia Nacional de Costos y Precios.
También indicó que el precio de los bienes y servicios surgirá del análisis de la estructura de costos de las empresas, una vez que estas aporten toda su información contable y se registren en el organismo.
Recalcó que la aplicación de ley de Costos y Precios Justos disminuirá el abuso o las ganancias excesivas en la venta de productos.
Indicó que se espera que antes que finalice el año se encuentre ajustada la Ley para su aplicación.
SUPERINTENDENCIA INICIARÁ REGISTRO DE EMPRESAS
Granadillo informó también que las empresas públicas y privadas, así como de las personas naturales que se dediquen a la venta de productos y/o prestación de servicios, deberán registrarse de manera obligatoria en la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos.
Comentó que entre noviembre y diciembre iniciará este registro que permitirá recaudar toda la información necesaria para comenzar el análisis de los procesos de costos de producción de los bienes y servicios que permitirán establecer el precio real de estos, y garantizar que no exista especulación.
Resaltó que este procedimiento estará acompañado de una exhaustiva investigación que beneficiará tanto a los productores como a los consumidores, con la fijación del Precio Máximo de Venta al Público que será analizado por un sistema integrado por todos los ministerios y entes descentralizados con competencias en la materia, los cuales serán regidos por la Superintendencia.
La Superintendente manifestó que el registro será continuo y que el organismo realizará campañas informativas para informar a toda la población sobre esta materia.
Finalmente, instó a la colectividad a leer y asumir lo que reza la Ley, a tomar conciencia sobre la aplicación de la misma y a combatir duramente la especulación.