Detener el alza injustificada y periódica de los artículos de primera necesidad, apoyar a los pequeños y medianos empresarios en la compra de materias primas a precios accesibles e impulsar patrones de consumo lógicos son algunos de los beneficios que los venezolanos perciben de la Ley de Costos y Precios Justos, que entró en vigencia el 22 de noviembre de 2011.
Para la joven barquisimetana María Alejandra Gutiérrez, madre de dos niños, el aumento sin razón y reiterado de algunos productos no permite que todos los ciudadanos accedan a ellos, difundió una nota de prensa de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop).
La Ley de Costos y Precios Justos establece mecanismos de control de precios para que se ajusten a las estructuras de costos de los bienes y servicios.
La normativa ordena la inscripción de las empresas en el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, el cual estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios.
Gutiérrez añadió que las prácticas de ciertos empresarios son excluyentes, porque impiden a las personas adquirir todo lo que necesitan, «no sólo por la especulación, sino porque algunos acaparan, jugando con las necesidades de su propio pueblo».
Estimó que el nuevo instrumento legal garantiza el derecho a comprar los productos a un precio razonable y enfatizó que un Estado responsable debe resguardar los derechos económicos de la población.
Por su parte, Agny Acevedo, periodista zuliana y madre de un niño de un año, comentó que a partir de la promulgación de la Ley, está más atenta a la cantidad de dinero que paga por cada artículo.
Destacó que en Caja Seca, al Sureste del Lago de Maracaibo, la actividad comercial es intensa y hay quienes se aprovechan de ello.
«Cada vez que voy al abasto o farmacia veo que los precios subieron. Ahora pruebo comprar otras marcas más económicas y he notado que algunas son de igual o mejor calidad que las más caras», apuntó.
Lilibeth Padrón, pequeña empresaria portugueseña, consideró que la Ley de Costos y Precios Justos da la oportunidad a pequeños y medianos empresarios de participar en la toma de decisiones sobre costos y políticas económicas del Estado.
Rompe con el enquistamiento de los intermediarios, que en muchos casos son quienes aumentan los costos en la línea de producción, reflexionó.
«Venezuela aún presenta la estructura típica de una economía dependiente que conserva rasgos de articulación hacia afuera y poca integración del aparato productivo interno, según lo reflejan los estudios sobre la materia. Además, los monopolios y oligopolios industriales pervirtieron el mercado de oferta y demanda y son las ganancias exageradas las que más explican el fenómeno inflacionario de nuestro país», dice la nota de prensa de la Sundecop.
Recientemente, la superintendente de Precios y Costos, Karlín Granadillo, cuestionó que los subsidios otorgados por el Estado a las empresas, las ventajas arancelarias, las rebajas fiscales y las exoneraciones de impuestos son beneficios que nunca se han traducido en la reducción o estabilidad de precios para la población.