Progresivamente crece el rechazo por parte de varios gobiernos latinoamericanos, organizaciones internacionales y ciudadanos radicados en Estados Unidos contra la nueva ley de inmigración que criminaliza a los indocumentados en el estado de Arizona.
Las protestas de varios países por dicha ley fueron motivo de debate en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde Guatemala, Ecuador y Venezuela rechazaron la medida, al igual que el titular del organismo, José Miguel Insulza.
El domingo 2 de mayo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, manifestó que la ley de inmigración en Arizona (sur de Estados Unidos) «es una cosa inhumana».
Mientras que el embajador de México en Bolivia, José Rafael Cervantes Villarreal, lamenta la actitud de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, e indica que la ley inmigratoria afecta la relación entre México y ese Estado.
El diplomático dice que el intercambio cultural, educativo, deportivo y económico, entre otros, son los más afectados.
“El Gobierno de México critica y lamenta la ley aprobada porque afecta los Derechos Humanos de todos los extranjeros que visitan ese Estado”, señaló.
Sostuvo que Arizona desconoce el aporte positivo que ha brindado durante muchos años la fuerza laboral de los inmigrantes a la economía de ese estado de la unión americana.
En México, el presidente Felipe Calderón alertó a sus ciudadanos de viajar a Arizona e indicó que su Gobierno utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos de los mexicanos.
Por su parte, Rosa María Ruiz, ciudadana americana nacida en Honduras y radicada en Estados Unidos, indicó que la ley de Arizona no es una ley antiinmigrante, sino que es una ley racista que permitirá a la policía detener a cualquier persona que le parezca inmigrante, bajo la sospecha de ser indocumentado.
“Esta ley va contra los valores mismos en los cuales Estados Unidos fue fundado, precisamente por inmigrantes”, sostiene Ruiz
Explica que la ley no solo es rechazada por los inmigrantes latinoamericanos, sino también por personas provenientes de los cinco continentes.
“Lo aprobado por el estado de Arizona nos afecta a todos, independientemente de nuestro país de origen y estatus migratorio. Esta ley racista está basada en la apariencia física y el juicio personal que un policía pueda tener acerca de una persona”, denunció Ruiz.
Alrededor de unos 400 mil indocumentados mexicanos viven en Arizona y con la aprobación de la Ley tendrán mayores dificultades para desplazarse y encontrar trabajo.
PREPARAN BOICOT ECONÓMICO
La idea de un boicot al turismo y los negocios en Arizona como antídoto para la ley está cobrando fuerza entre sus contrarios.
El alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, respaldó un boicot de la ciudad californiana contra Arizona.
Villaraigosa calificó la nueva legislación de «antipatriótica y anticonstitucional».
A parte de las demandas en contra de la ley, el legislador demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, ha pedido un boicot económico contra su estado mientras persista una ley que, a su juicio, permite un trato racista de las personas.
El diario «La Opinión», uno de los principales medios en español en Estados Unidos, respalda boicotear a Arizona, por entender que la ley atropella los derechos civiles y atribuye poderes al gobierno estatal para atacar a una minoría.
MÁS DEMANDAS
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han anunciado ya su intención de demandar al estado de Arizona.
El pasado jueves la Junta Nacional de Directores de la Coalición Nacional Latina de Ministros y Líderes Cristianos (Conlamic) presentó la primera demanda en contra de la ley que criminaliza a los indocumentados en Arizona y fue seguida por un policía de origen hispano.
Hasta el momento hay dos querellas presentadas, la de la Conlamic ante la corte federal de Phoenix, capital del estado, y la del agente de policía Martin H. Escobar, ante la corte federal de Tucson, pero además una coalición de organizaciones de Derechos Humanos, anunció que interpondrá una demanda.