El juez español, Baltasar Garzón, negó este martes ante el Tribunal Supremo que fueran políticas las razones por las que se declaró competente para investigar crímenes del franquismo y aseguró que la investigación no vulneraba la Ley de Amnistía, porque la misma se refiere a hechos políticos y los crímenes contra la humanidad denunciados no tenían naturaleza política.
“No es cuestión de ideología, sino de que me correspondió un asunto e hice lo que creía que tenía que hacer acomodándome a las leyes nacionales e internacionales (…) Son hechos delictivos y no políticos”, dijo Garzón durante su declaración.
Precisó que familiares de las víctimas del franquismo y asociaciones de Memoria Histórica denunciaron “hechos de eliminación sistemática con un plan preconcebido de desapariciones forzosas, enterramientos ilegales y torturas”, que fueron considerados crímenes contra la humanidad.
Al respecto, el juez añadió que se declaró competente para investigar los hechos, por “toda una serie de sucesos con apariencia delictiva que se calificaban como crímenes contra la humanidad, como genocidio (…) La investigación de esos crímenes lógicamente está justificada”.
Garzón destacó que no ha buscado “publicidad” con el caso y aseguró ante el Tribunal Supremo, que se limitó a actuar como hizo en casos similares, “cada juez tendrá su forma, pero aquí habían cientos y cientos de víctimas que buscaban reparación. Verdad, justicia y reparación es lo que deseo para las víctimas que no han sido resarcidas”.
Entre tanto, el ente rechazó este martes anular el proceso que le sigue a Garzón por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es), razón por la que continúa declarando como acusado, luego que las asociaciones derechistas, Manos Limpias y Libertad e identidad, presentaran querellas contra la actuación del juez, por vulnerar la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977.
El juicio se desarrolla en medio de una gran expectación y con la presencia de representantes de varias organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos.
Baltasar Garzón, de 56 años, puede ser condenado a 20 años de inhabilitación profesional, lo que supondría el fin de su carrera, conocida por la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres.
El juez ha sido procesado por «uso de instrumentos de escucha y grabación en violación de las garantías constitucionales» en la investigación de un escándalo de corrupción conocido como «trama Gürtel», que a inicios de 2009 implicó a altos cargos del Partido Popular (PP, derecha), que gobierna España desde diciembre. Está a la espera del fallo del Tribunal Supremo de España.
Es enjuiciado por prevaricación por abrir una investigación sobre los crímenes durante la guerra civil española (1936-1939) y la posterior dictadura de Francisco Franco, pese a la existencia de una Ley de Amnistía.
El magistrado español preside un comité de expertos internacionales que observan la reforma del sistema judicial de Ecuador, aprobada el año pasado en un referendo impulsado por el presidente Rafael Correa.