El abogado de las venezolanas que tienen en su cuerpo las cuestionadas prótesis mamarias Poly Implant Prothese (PIP), Gilberto Antonio Andrea González, solicitó a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) que “juzgue la conducta” de la magistrada Gladys María Gutiérrez; esto, por el procedimiento judicial que supuestamente cumplió para celebrar la primera audiencia constitucional del caso.
El experto en leyes indicó al Correo del Orinoco que la semana pasada las afectadas “fueron sorprendidas en su buena fe”, en virtud de que la jueza que lleva su causa presuntamente “violentó normas de orden jurídico-procesal, que son de orden publico y no pueden ser relajadas por el juez ni por las partes”.
Explicó que la sentencia 930 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) establece los lapsos que deben regir para la sustanciación del recurso especialísimo de amparo constitucional. Acotó que esta indica claramente que “la jueza debe convocar a las partes con 48 horas de antelación”, para realizar una audiencia constitucional.
“Por tanto, siendo esa regla la fuente de seguridad jurídica en un juicio, la jueza no podía, de ninguna manera, otorgar un lapso diferente a la demandada, y un lapso desventajoso a la demandante”, agregó.
Continuó: “En el caso que nos ocupa, eso nunca ocurrió. La jueza apenas nos otorgó media hora para enterarnos de la celebración de la audiencia constitucional”.
DERECHO A LA DEFENSA
Andrea afirmó que la magistrada Gladys María Gutiérrez presuntamente violentó el derecho a la defensa de las afectadas por las PIP, ya que nunca pudieron saber desde cuando estaba citada la contraparte.
Indicó que a última hora las demandantes se enteraron de que la parte demandada fue citada el día 27 de enero, mientras que la jueza fijó la audiencia para ellas el 30 del mismo mes, a ultima hora, después de que habían abandonado el tribunal ese mismo día.
“Esto quiere decir que mientras ellos tuvieron cuatro días para preparar su audiencia, nosotros apenas tuvimos media hora”, destacó.
Acotó que -además- el día 31 de enero fue la inauguración del año judicial. “Hecho público, notorio y comunicacional de que no había despacho, que ningún tribunal de la República te podía atender, porque los jueces debían estar presente en dicha inauguración, de acuerdo con la Ley Orgánica del TSJ”.
Subrayó: “Lo que quiere decir que si fijó la audiencia a las 8:45 am, y en el despacho abre sus puertas a las 8:30 am, únicamente nos otorgó 15 minutos para poder enterarnos de manera fortuita de que se iba a celebrar la audiencia constitucional”.
Reiteró Gilberto Andrea que todo lo anterior “es violatorio del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual se refiere al derecho a la defensa y al debido proceso”.
ACCIONES
“En virtud de que esa violación grave subvierte el orden jurídico procesal, y violenta la garantía de seguridad jurídica del derecho a la defensa, ejercimos una solicitud de avocamiento al TSJ, que es una figura jurídica procesal que está contemplada para casos de graves violaciones al orden jurídico, y para casos en que el mismo sea
subvertido”, adelantó Andrea.
El abogado refirió que ayer hizo el primer control del expediente y se encontró con que la ponente es la misma magistrada que conoce el recurso interpuesto por el abogado Juan Ernesto Garantón, el cual exige que los médicos hagan el cambio de las prótesis de forma gratuita y pide que se suspendan las cirugías hasta que se resuelva el caso.
“Ahora los dos expediente están en manos de la misma jueza, en la Sala Constitucional del TSJ”, indicó.
Otra de las presuntas anomalías que sucedieron el pasado 31 de enero, según el abogado Gilberto Andrea, es que la jueza de la causa, Gladys María Gutiérrez, “en vez de seguir la conducta procesal de cerrar el expediente para que la parte afectada pudiera ejercer su recurso y alegar una causa extraña no imputable o que le favoreciera, procedió a celebrar una audiencia constitucional, e incurrió en el grave error de realizar un juicio en ausencia” de una de las partes.
Ratificó: “Eso quiere decir que fue un juicio sin el control de la contraparte”. Lo comparó con dos boxeadores que se suben a un cuadrilátero “y le amarras los brazos a uno de ellos. Entonces, sólo uno de ellos pega; eso es ilegal en cualquier parte del mundo”.
El abogado Andrea González subrayó que nadie pudo rebatir los alegatos de la demandada. “Es un vicio muy grave”, insistió.
Añadió que a pesar de que celebró la audiencia constitucional, “lo cual estaba vetado por la ley, en virtud de que es un juicio en ausencia”, la magistrada Gladys María Gutiérrez “decidió que se encontraba desistida la causa por incomparecencia de la parte, pero emitió y adelantó razonamientos jurídicos y criterios que no podía expresar en esta oportunidad, porque la parte afectada no estaba ahí para alegar ni para defender sus intereses”.
“ESTAMOS ESPERANDO”
El abogado Gilberto Andrea condenó que la jueza Gladys María Gutiérrez haya asegurado en su sentencia que “no hay un interés colectivo y público en esta materia”. Y adicionalmente, que haya puesto la excusa de los demandados, quienes “dicen que no tienen responsabilidad y que ellos son una víctima más”.
“Ahora estamos esperando que las impugnaciones presentadas surtan sus efectos, lo cual debería ser en un mes, más o menos. Adicionalmente, esperamos un acto de justicia con el avocamiento del TSJ, que puede ser en cualquier momento, apenas el máximo tribunal lo considere
conveniente”, apuntó.