La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, inauguró este miércoles la primera fiscalía municipal del estado Aragua, la cual se encargará de investigar los hechos punibles ocurridos en el municipio Sucre y delitos cuya pena en su límite máximo no exceda los tres años.
Durante la inauguración, Ortega dijo que esta dependencia va a interactuar en las comunidades para resolver los conflictos sociales generadores de violencia.
«Esta fiscalía municipal va a trabajar en función de atenuar la violencia en el seno de la vecindad, de la familia y de los colegios con la colaboración de los consejos comunales, además se abocará a la prevención del delito junto a los habitantes del municipio», refirió.
La nueva fiscalía municipal queda en Cagua y es la número 14 a nivel nacional. En julio de 2008 el Ministerio Público inauguró la primera dependencia de este tipo en el Área Metropolitana de Caracas para las parroquias Altagracia y San Agustín.
Desde esa fecha se han instalado fiscalías municipales en los estados Miranda, Lara, Yaracuy, Falcón, Bolívar, Guárico y Aragua.
Para este año está previsto inaugurar 40 sedes municipales y antes de finalizar la gestión de Ortega estiman tener una o dos fiscalías en cada municipio del país, de acuerdo con el número de habitantes.
En relación con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, Ortega planteó la necesidad de municipalizar la justicia para que las fiscalías municipales puedan asumir los delitos cuya pena en su límite máximo no exceda de ocho años, mientras que los delitos con penas superiores a ocho años podrán ser resueltos a nivel central.
«Esto contribuiría a hacer una justicia como merece este pueblo, donde sean sancionados los responsables y la sanción no siempre sea la prisión, porque la privativa de libertad no puede ser la solución de los hechos delictivos”, refirió.
Por lo tanto, este organismo propuso la reforma en las medidas alternativas a la prosecución del proceso que están a partir del artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal.
Dijo que la modificación de estas medidas permitirá aplicar sanciones de trabajo social cuando se trate de delitos menores.
Reiteró que el Código Penal también hay que reformarlo porque tiene más de 60 años y ha perdido vigencia, por lo tanto debe ser abordado de manera integral por todo el sistema de justicia.