El diálogo entre las comunidades indígenas Ngöbe Buglé y el gobierno panameño se reanudaron este jueves en la Asamblea Nacional, donde discuten la construcción de hidroeléctricas en los territorios originarios.
El diario digital Panamá América informó que las pláticas se reiniciaron con la palabras de monseñor José Luis Lacunza, y estarán centradas en el artículo 5 del proyecto de ley 415, que permite la instalación de esas empresas en las tierras ancestrales y sus alrededores.
En declaraciones recogidas por el diario La Prensa, la cacica general del pueblo Ngöbe Buglé, Silvia Carrera, afirmó que las comunidades no aceptarán la propuesta realizada por el presidente Ricardo Martinelli.
El mandatario había indicado que el gobierno impulsaría mayores controles a las hidroeléctricas.
Carrera también señaló que el pueblo Ngóbe Buglé tampoco aceptará que para definir el tema se convoque a un referendo, como lo propuso el Ejecutivo panameño, ya que los proyectos mineros e hidroeléctricos «han sido impuestos sin consulta» previa.
La cacica además denunció que en la Asamblea Nacional se quiere enredar y dilatar las negociaciones.
Los primeros días de febrero, las comunidades indígenas protagonizaron masivas protestas en la región de San Félix contra la instalación de hidroeléctricas, que fueron duramente reprimidas por la policía y donde resultaron muertos dos manifestantes.
Durante esta jornada, los abogados Alex Stanley y Aresio Valiente, confirmaron que en la represión contra los pueblos originarios, las fuerzas de seguridad utilizaron armas de fuego.
Al presentar un informe sobre la investigación efectuada sobre el caso, basada en entrevistas con médicos y heridos, ambos letrados desecharon la versión oficial de que no se habían utilizado armamento contra los indígenas.
En la investigación señalaron que al hospital de San Félix llegaron varios heridos por armas de fuego, como es el caso de Cedeño Montero, de 30 años, residente de la comunidad de Pirna, que tenía una herida en la pierna.
Por su parte, el director de la Comisión de la Verdad de Panamá, Vicente Saldaña, indicó que aún hay tres indígenas recluidos en ese hospital, donde fueron atendidos parte de los 68 ngöbes asistidos en centros de salud durante la represión.