A un año del devastador sismo y posterior tsunami del 11 de marzo, Japón se enfrenta a la peor crisis nuclear de su historia, sin medidas efectivas para lograr calmar la inquietud de sus habitantes.
El Gobierno del actual primer ministro Nishirio Noda, instrumenta una medida tras otra para intentar paliar los errores y la falta de previsión que, incluso, obligó a renunciar a su antecesor, Naoto Kan.
Organizaciones medioambientalistas, grupos políticos y especialistas sobre el tema, sostienen que ningún proyecto para reubicar a los más de 80 mil evacuados de la dañada central nuclear de Fukushima puede aplicarse.
Los factores en contra al respecto incluyen un aumento constante de la temperatura de los dañados reactores de la planta, la comprobación de contaminación radioactiva en las áreas aledañas y la falta de un adecuado proyecto nacional sobre la industria nuclear.
Oficialmente se reconoció la insuficiente preparación para enfrentar una catástrofe de tal magnitud y la carencia de informes confiables acerca de la seguridad de las 54 centrales nucleares japonesas.
En estos momentos, solamente dos de esas instalaciones funcionan y se aprobó limitar la vida útil de cada planta hasta los 40 años, con la creciente oposición de grupos sociales y expertos como los de la Universidad Meiji, de Tokio.
Muchos dudan de que el primer centro para la desnuclearización en la región de Fukushima pueda ser efectivo, ya que los expertos estiman que tal tarea puede durar no menos de 20 años.
De igual forma, es cuestionado un nuevo plan para alerta por tsunamis de la Agencia Meteorológica Nacional, ineficiente en los partes y preparación para el que sucedió inmediatmente después del sismo de nueve grados en la escala de Richter.
Hasta la fecha las complicaciones técnicas, económicas y sociales causadas por el peor desastre en la historia de Japón superan en la práctica el tercer presupuesto de 115 mil millones de euros (más de 120 mil millones de dólares), para la reconstrucción.