La decisión soberana de Argentina de nacionalizar el 51 por ciento de la petrolera YPF fue cuestionada este lunes por la Comisión Europa (CE), ante un posible daño de los negocios con el país suramericano.
El representante de Comercio de esa entidad, John Clancy, consideró que una expropiación de la mayor empresa argentina, controlada por la española Repsol-YPF, es una señal negativa para los inversores nacionales y foráneos.
El revuelo por la anunciada nacionalización de YPF se extendió a la Unión Europea, a pesar de que ese bloque no dispone de mecanismos jurídicos para presionar al gobierno argentino y desista de su decisión en relación con una empresa de la comunidad europea.
Un acuerdo marco de comercio y cooperación económica de 1991 entre la CE y Argentina permite la cooperación y acciones conjuntas, pero no otorga la posibilidad de emprender acciones contra el país suramericano en tales temas o relacionados con las inversiones.
Tampoco la Organización Mundial del Comercio tiene potestad para la protección de las inversiones y no existen compromisos de Argentina en relación con esas decisiones.
Por esas razones la UE no puede inmiscuirse con el pretexto de compromisos legales multilaterales o bilaterales.
En tal sentido, Clancy aseguró que la CE aspira a que España y Argentina lleguen a una solución de mutuo acuerdo para que no se dañen sus relaciones comerciales y empresariales.
Recordó que solo puede la vía diplomática, ya que la decisión argentina se produjo a pesar de que el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, mostró su preocupación a la presidenta Cristina Fernández y pidió respeto a los compromisos con las inversiones extranjeras.