Rusia se sumó a la protesta internacional y condenó este jueves la «legalización» de tres asentamientos israelíes en Cisjordania.
A través de un comunicado de Cancillería, Moscú manifestó que la acción de Tel Aviv «contradice los compromisos asumidos por las partes con miras al arreglo del conflicto israelí-palestino».
Se subrayó que estos asentamientos en territorios ocupados, «al igual que otros pasos unilaterales, impactan negativamente sobre la probabilidad de reanudación de las negociaciones» entre Israel y Palestina, reseñó Ria Novosti.
El miércoles, la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, manifestó su preocupación por el «estatus de los asentamientos de Bruchin, Sansana y Rechelim en los territorios palestinos ocupados» e instó a Israel a «revertir esta decisión».
«La UE ha instado de manera reiterada a Israel a poner fin a toda la actividad de los asentamientos. Los asentamientos son ilegales bajo la ley internacional, un obstáculo para la paz, y amenazan la viabilidad de una solución de dos Estados», sentenció.
Desde Londes, el ministro de Exteriores del Gobierno británico, William Hague, claificó la decisión como «un precedente peligroso».
RECHAZO A COLONIAS
Palestina condenó esta medida. «Netanyahu ha vuelto a empujar las cosas hacia un punto muerto», expresó Nabil Abu Rdainah, portavoz del presidente palestino, Mahmoud Abbas.
La decisión ministerial de Tel Aviv también recibió el rechazo de organizaciones y partidos israelíes. El movimiento Paz Ahora comunicó que es la primera vez, desde 1990, que el Gobierno de Israel otorga legalidad a nuevas colonias. La organización aclaró que el comité ministerial no tiene autoridad para legalizar nuevos asentamientos.
Entretanto, el partido de izquierda Meretz acusó al Ejecutivo israelí de tratar de establecer un Estado binacional, en lugar de facilitar la cración de un Estado palestino junto al de Israel.
En marzo pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el voto de Estados Unidos en contra, aprobó una resolución que autoriza la creación de una misión de investigación internacional independiente para evaluar las consecuencias de los asentamientos israelíes en Jerusalén Oriental, Palestina.
Esta misión busca evaluar el impacto de las colonias israelías sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino. Además, la resolución exhorta a Israel a adoptar medidas severas contra los colonos, como la confiscación de armas y la imposición de sanciones penales.
La decisión de la ONU fue tomada luego que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunciara el aumento de la violencia por parte de los colonos contra los ciudadanos de Palestina.