El Senado argentino se prepara para debatir este jueves una propuesta de reforma al régimen de preservación de glaciares que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones ecologistas y dudas sobre su constitucionalidad.
La iniciativa, que también debe pasar por la Cámara de Diputados, permitiría la explotación de recursos en terrenos cercanos a zonas protegidas y transferiría a las provincias la responsabilidad de evaluar el impacto ambiental.
La medida llega en un contexto de retroceso general de los glaciares en Argentina, intensificado por el aumento de la temperatura y por la expansión de proyectos mineros en zonas glaciares y periglaciares.
Según datos oficiales, el inventario de glaciares en actualización indica que el país cuenta con 16.968 cuerpos de hielo, de los cuales 16.078 están en la cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico Sur, con una superficie total de 8.484 kilómetros cuadrados.
Antecedentes climáticos
En 2024, Argentina presentó ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático un diagnóstico contundente: el incremento de la temperatura ha provocado el retroceso de casi todos los glaciares patagónicos andinos en las últimas décadas, con 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur mostrando una caída sostenida.
El glaciar Perito Moreno, icono de la región, ha perdido más de 700 metros en su frente en los últimos siete años, y otros sectores como el Canal de los Témpanos han visto retrocesos cercanos a 800 metros en cuatro años, generando alertas sobre un posible punto de no retorno. En 2024, además, el glaciar Martial Sur fue declarado extinto.
La actual discusión legislativa se sitúa en un marco de tensiones entre conservación y explotación por lo que grupos ambientalistas señalan que la reforma podría abrir paso a proyectos mineros en ambientes periglaciares y de alta fragilidad ecológica, con posibles efectos adversos en cuencas hídricas y en la biodiversidad de la región.
Además, denuncian que varias concesiones podrían no contar con una evaluación de impacto ambiental adecuada y advierten la ausencia de un registro nacional centralizado de proyectos en ambientes glaciales. A ello se suma la crítica por la insuficiente capacidad de monitoreo y control por parte de las autoridades, a pesar de la vigencia de la Ley de Protección de Glaciares aprobada en 2010 y ratificada por la Corte Suprema en 2019.
Organizaciones ambientales coinciden en que, pese a esa norma, persisten deudas en su implementación. Señalan que la reforma propone trasladar a las provincias la responsabilidad de evaluar impactos, lo que podría generar disparidades normativas y menor capacidad de respuesta ante amenazas como la contaminación, el derretimiento acelerado y los efectos de la extracción minera.
Asimismo, advierten que, sin un registro claro y un marco de supervisión adecuado, las zonas glaciales y sus inmediaciones quedarían expuestas a conflictos entre desarrollo económico y conservación.
En ese marco, las organizaciones ambientalistas sostienen que la reforma representa una “regresión ambiental inconstitucional” porque podría vulnerar compromisos y principios recogidos en el Acuerdo de Escazú, al cual Argentina se adhirió para fortalecer la transparencia, el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.
Protección o explotación
Varios sectores de la Argentina defienden la actual normativa como un piso mínimo de protección para ecosistemas estratégicos que funcionan como reservas de agua dulce para comunidades y sectores productivos.
En contraparte, El oficialismo espera que el Senado apruebe la enmienda a la Ley de Glaciares, aunque hay dos proyectos en discusión, y ratifique el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
En tal sentido, el inquilino de la Casa Rosada Javier Milei confía en que sus esbirros legislativos y aliados consigan la sanción a la norma enmendada de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.
F/Telesur