Luego de un año al frente de la Corte Disciplinaria Judicial, el magistrado Tulio Jiménez tiene algunas cosas claras sobre las personas que deben hacer que las leyes se cumplan: el retardo procesal -a pesar de que todavía es un problema- no es la primera causa por la cual denuncian a una jueza o un juez; resulta muy difícil hacer justicia con el actual Código Penal; es casi urgente abrir los concursos y se deben minimizar los nombramientos provisorios.
“Todavía hay pendientes algunos instrumentos jurídicos que es necesario poner a tono con la Venezuela de estos tiempos. No debe esperarse más para aprobar un nuevo Código Penal. Ese es un instrumento demasiado importante, que ya está obsoleto y caduco”, enfatizó Jiménez, en conversación con el Correo del Orinoco.
Para subsanar las fallas del actual Código “se ha tenido que recurrir a otras leyes, más de 100, que tienen tipificación de delito”, sostuvo.
-¿Con el Código Penal actual es difícil administrar justicia?
-Sí. La dispersión de leyes trae como consecuencia que se dificulta la aplicación de la ley. Al Código Penal, que data del siglo XIX, hay que ponerlo a tono con estos tiempos.
-¿Usted tiene algún pero porque la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) sea vía ley Habilitante?
-No. Las críticas que se la hacen a eso son parte de la contienda política. La presidenta del TSJ ha sido muy contundente: la aprobación del COPP es una potestad del presidente Chávez mientras esté habilitado. De eso no hay ninguna duda; sabemos que la diatriba política implica que todo se niegue, pero la realidad es que el nuevo Código irá en beneficio de una mejor administración de justicia.
-¿A quién le correspondería elaborar el Código Penal?
-A la Asamblea Nacional. Estuve al frente de la Comisión de Política Interior del Parlamento, y dejamos un proyecto que por lo menos servía para la primera discusión. Lo hicimos con mucha dedicación y responsabilidad. Entiendo que se ha seguido trabajando en la misma Comisión parlamentaria.
-¿Va a mejorar la aplicación de justicia con un nuevo Código Penal?
-Evidentemente que eso facilitaría la administración de justicia.
-Hay temas polémicos, como el aborto, sobre los cuales no hay consenso.
-Se debería abrir un gran debate, que haya diferentes opiniones y que se termine de decidir. Eso hay que afrontarlo con la valentía que el caso amerita. Son aspectos polémicos que están implícitos en la aprobación de un nuevo Código, Hay que abordarlos.
-¿Cuáles son los temas polémicos, en su opinión? ¿Aborto, eutanasia?
-Eutanasia es otro tema que está allí, que tiene incluso una propuesta en el proyecto que dejamos en la Asamblea.
-Usted también habla de cambiar el Código Civil.
-Es otro Código vetusto. Hay que hacerlo de nuevo. La Asamblea puede afrontar ese trabajo, y la Asamblea que lo apruebe se va a llevar muchos laureles, porque de verdad que se necesita uno nuevo.
-¿Este Código Civil incide también en la aplicación de justicia?
-Sí. Lo que está contemplado allí ya pasó a la historia, o hay materias no reguladas que deben ser reguladas; por ejemplo, los avances genéticos, que pueden ayudar a dilucidar problemas de herencia. También en el Código Penal ha habido cambios; los delitos informáticos, por ejemplo.
-¿Y cómo se hace justicia con esos Códigos?
-Con mucha dificultad. Los tipos penales están esparcidos en una gran cantidad de leyes, lo que hace muy difícil su aplicación.
-¿Las juezas y los jueces son víctimas de la falta de instrumentos para aplicar justicia?
-Ven su labor afectada. Y eso afecta a todo el país.
RESOLVER LOS JUICIOS LO ANTES POSIBLE
“Soy muy exigente conmigo mismo, y puedo decir con satisfacción que hemos avanzado bastante, y que el balance de este primer año de la jurisdicción disciplinaria judicial es bien positivo”, señaló Jiménez.
-¿Qué cosas se han logrado?
-Estamos resolviendo casos de manera continua. Ya se dan hasta dos audiencias diarias, las sentencias están fluyendo. Se cumple con el mandato constitucional de que estos juicios sean orales, públicos y breves.
-¿Qué implica eso?
-Buscamos resolver los juicios lo antes posible, que no haya dilaciones y que se dé respuesta a las denuncias de manera expedita. Nos están llegando prácticamente de manera diaria nuevos casos. Hay 219 investigaciones abiertas en lo que va de año.
-¿Los casos que encontraron?
-Les hemos dado prioridad y muchos se han solucionado, con absoluciones, condenatorias y destituciones.
-Con base en el trabajo concretado hasta ahora, ¿cree que se ha hecho un aporte para mejorar el sistema de justicia?
-Sí. Nosotros nacimos para eso: para contribuir con el fortalecimiento del sistema de justicia venezolano, en la búsqueda de la mejor administración de justicia. Uno oye comentarios sobre el funcionamiento del sistema de justicia, y creo que se cometen muchas injusticias.
-¿Por qué?
-Porque yo creo que nosotros sí hemos procurado avanzar, y hemos avanzado contundentemente en la búsqueda de una mejor administración de justicia. Nadie puede negar que la jurisdicción laboral funciona satisfactoriamente. Nadie puede negar los avances con la Lopna, que es una de las más avanzadas del mundo; también, con las normas sobre la violencia contra la mujer. En cuanto al Poder Legislativo, se ha avanzado en la elaboración de leyes importantes, poniendo a tono leyes ya existentes con la Constitución de 1999; entre otras, la de Defensa Pública, la del Tribunal Supremo de Justicia. Todo esto representa grandes avances.
-Factores de oposición critican el sistema de justicia y dicen que se necesita un cambio radical.
-La mayoría de las veces hay un ataque por un ataque. La Constitución establece que el Poder Judicial debe tener por lo menos 2% del presupuesto, y eso se cumple, y se le da más de ese 2%. Se han aprobado otras leyes, muy necesarias.
No obstante, recalca que la ley orgánica del sistema de justicia “no termina de ponerse en sintonía”, y que la comisión que se crea en esa normativa “debe estructurarse, porque es desde allí que se pueden solventar muchísimos problemas, habida cuenta de que el sistema de justicia no son los tribunales nada más”.
-¿Qué piensa que ha frenado esa comisión?
-No lo sé. El Presidente, hace unos meses, ordenó que se constituyera la comisión, y hasta ahora no se ha hecho.
A pesar de esta crítica, Jiménez argumenta, a favor del sistema de justicia venezolano, la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. “Nadie puede negar todos los esfuerzos que ha hecho el Gobierno Nacional; nadie puede negar que, con la constitución de ese ministerio, empiezan a verse avances en esa materia”.
MENOS RETARDO
-Pero hay descontento, en algunos sectores, con el sistema de justicia. ¿Usted considera injusto ese descontento?
-Hay fallas, y yo no puedo decir que estamos contentos porque todavía hay fallas notables en el sistema de justicia en general. Pero sí afirmo que se han hecho grandes esfuerzos y se han dado importantes avances. Se trata de que nos comprometamos todos en función de buscar que la administración de justicia en Venezuela sea aceptable y perfeccionada.
-¿Es aceptable en este momento?
-Creo que sí. Creo que el retardo procesal, del que tanto se cacarea, hemos avanzado. Hay menos retardo procesal. Con el nacimiento de la Corte, una de las cosas que vemos a diario es que se hacen inmensos esfuerzos. Eso nadie lo puede negar.
-¿Se ha reducido el retardo procesal?
-Sí. La materia retardo procesal no es tan frecuente en las denuncias contra juezas y jueces que nos llegan a nosotros. Claro que hay, pero no en la medida que yo suponía.
-¿Cuáles son las primeras causas de denuncias?
-Una de ellas es la mala aplicación de la ley. También, la negligencia del juez en el ejercicio de sus funciones. En algunos casos, corrupción.
-¿Pago por sentencias?
-Sí. Eso uno de los aspectos.
-¿Es posible detectarlo?
-No es fácil, pero cuando nos llega la información investigamos muchas cosas. Por ejemplo, el nivel económico del juez, los gastos en los que incurre. El Código de Ética es muy enfático al respecto. La jueza o el juez deben llevar una vida acorde con la remuneración que tienen, que es otro de los aspectos en los que tenemos un criterio muy claro: el juez debe ser un funcionario bien remunerado, a los efectos de que tenga tranquilidad.
-¿Están bien pagados ahora?
-Habría que mejorar, pero se han hecho esfuerzos en ese aspecto. No es lo mismo lo que recibe un juez en estos momentos, que lo que recibía hace 10 años.
AVALA FIN DE LA PERNOCTA
Para el magistrado, la decisión que tomó la titular del Mppsp, Iris Varela, de suspender la pernocta en algunas cárceles, es acertada.
-¿Por qué?
-Porque la pernocta ha traído infinitos problemas, secuestros, muertes. Eso había que eliminarlo definitivamente, pese a que va a haber reacciones. Creo que además es acertado lo que dice la ministra Varela, de que el problema penitenciario viene más de afuera, que de adentro.
-¿Se refiere a las mafias?
-A las mafias. A los inmensos negocios. Estoy asombrado de haber visto el caso de unos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que facilitaron una fuga, y el fugado manifestó que había pagado 150 mil bolívares. Ese es un reflejo de las mafias que se han enquistado a nivel penitenciario. Se valen de demasiados caminos para introducir armas, drogas, y todo eso viene desde afuera.
Sin embargo, insiste en que en las cárceles debe existir un verdadero régimen penitenciario (que el Estado imponga su autoridad), y en que se debe combatir el hacinamiento. También estima perentoria la ocupación del tiempo libre de quienes cumplen condenas, así como la clasificación de las reclusas y los reclusos; esto garantizaría que los de mayor peligrosidad sean confinados a sitios específicos. “No podemos desconocer la existencia de los pranes, y ante eso hay que actuar con contundencia”, resaltó.
A su juicio, las actuaciones del Gobierno Nacional en el internado judicial de La Planta son un buen ejemplo de cómo retomar el control. El diálogo con los “pranes”, dijo, formó parte de la búsqueda de soluciones al problema planteado y no debería ser cuestionado.
LA JURISDICCIÓN CONOCE EL CASO DE LA JUEZA AFIUNI
La jurisdicción disciplinaria judicial conoce el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, que para la oposición es una suerte de heroína aun cuando se encuentra tras las rejas por su presunta responsabilidad en la fuga del banquero Eligio Cedeño. “Ese caso lo conoce todo el país, y las posiciones que allí están planteadas. Pero no puedo bajo ninguna circunstancia pronunciarme”, aclaró.
NO SE USA LA JUSTICIA COMOARMA DE RETALIACIÓN POLÍTICA
-¿En Venezuela se usa la justicia como una forma de persecución política?
-En absoluto. Estoy convencido de que no.
-¿Por qué?
-Porque en estas funciones observo con más detenimiento el Poder Judicial. Cuando nos designaron, el vicepresidente Elías Jaua nos convocó a su oficina, en Carmelitas, y nos dijo de manera enfática: “Tengan la plena seguridad de que ustedes no serán objeto de presiones por parte de nosotros”. Y hasta ahora eso se ha cumplido de esa manera. Lo puedo decir claramente.
-¿Lo han llamado para favorecer o perjudicar a alguien?
-Del alto Gobierno, en absoluto. Ningún tipo de planteamiento de ese tipo. No he tenido una sola llamada. Lo afirmo con mucha contundencia.
LA CDJ BUSCA SALIDAS A SITUACIÓN DE JUEZAS Y JUECES PROVISORIOS
La Corte Disciplinaria Judicial le busca salidas a la situación de las juezas y los jueces provisorios, ya que no está claro quién los evalúa: si esta instancia, o el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Nosotros estamos en proceso de conversación con el Tribunal Supremo de Justicia con respecto a la competencia nuestra. La ley nos da competencia sobre la totalidad de los jueces del país, y lo dice de manera enfática: los titulares, provisorios, accidentales, todos”, subrayó Tulio Jiménez.
“Hay algunas interpretaciones sobre los jueces provisorios, que por la manera como son designados no debieran estar contemplados en nuestra competencia, y allí tenemos diferencias que estamos buscando solventar mediante el diálogo con el TSJ”.
-¿Ustedes reclaman esa competencia?
-Sí. Nosotros creemos que eso le corresponde a la jurisdicción disciplinaria. Pero eso también ocurre por cómo se hace la designación de los jueces. Estamos convencidos de la necesidad de que juezas y jueces sean incorporados al Poder Judicial mediante el respectivo concurso. Ese es un avance que, desde todo punto de vista, resulta conveniente terminar de concretarlo. Creemos que debe redimensionarse la Escuela de la Judicatura, y que las designaciones se hagan mediante concursos. Eso le dará mayor seguridad y tranquilidad al juez en el ejercicio de sus funciones. Si lo concretamos, todos los jueces serían juzgados por esta jurisdicción.
-¿Quién los juzga a ellos ahora?
-Hay una concepción con respecto a eso: Como el Tribunal Supremo los designa, puede dejar sin efecto la designación. Pero el problema es que hay jueces que tienen cinco o siete años, y ya no debieran ser provisorios.
-¿De qué depende la apertura de los concursos?
-Están en manos del Tribunal Supremo de Justicia.