«Jamás Ecuador romperá relaciones con el pueblo paraguayo», de esta manera lo expresó el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien insistió ante medios locales que siempre tendrán lazos de hermandad con el pueblo paraguayo, a pesar de las diferencias con Federico Franco, quien se instauró en el poder luego del golpe de Estado perpetrado contra Fernando Lugo.
Indicó Correa que Ecuador y Paraguay son naciones hermanas pero que no puede bajo ningún concepto respaldar las acciones del Gobierno que lidera el presidente designado por el congreso Federico Franco.
«Si nosotros no rechazamos ese golpe equivale a avalarlo», señaló el Jefe de Estado.
En ese sentido, recalcó que se deben «condenar las actuaciones abusivas e ilegales de los gobiernos que no fueron elegidos democráticamente».
Expulsión de Aladi y OEA
Fernando Bustamante, presidente de la Comisión parlamentaria de Relaciones Internacionales de Ecuador, señaló que está a favor de excluir a Paraguay de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Bustamante, del Movimiento Alianza País, que encabeza el presidente del país, Rafael Correa, dijo que su país mantiene «una línea dura» con respecto a Paraguay porque cree que «sólo una disuasión efectiva puede lograr el efecto de prevenir aventuras golpistas» en América Latina.
«Debería haber consistencia entre todos los organismos regionales, si Mercosur y Unasur excluyeron a Paraguay, al menos los países de Unasur y Mercosur que pertenecen al Aladi deberían sostener una posición análoga en el Aladi y personalmente creo que en la OEA», recalcó.
El presidente de la Aladi, el argentino Carlos Álvarez, confirmó en Montevideo (Uruguay) que los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), con Ecuador a la cabeza, «pidieron la suspensión» de Paraguay del organismo, pero no expulsarlo, una moción que no fue aprobada.
El Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) suspendieron a Paraguay de participar en ambos organismos después de que su Senado destituyera (tras un juicio político declarado ilegítimo) al presidente democráticamente Fernando Lugo.
El proceso legal fue criticado por varios países de la región, que condenaron la violación a la democracia y a los derechos constitucionales del pueblo paraguayo.